¿Y ahora quién podrá defender…a la minería?

Claramente la respuesta no es la de una ex popular serie de TV mexicana, sino quién representará y aportará una opinión experta y objetiva de la industria minera en el próximo proyecto de nueva Constitución.

Dada la forma en que se han estado definiendo los cupos para postulantes a constituyentes, probablemente no veremos entre ellos muchos conocedores de nuestra industria ni proclives a definir un marco apropiado para que la minería continúe siendo el motor que tire el carro del desarrollo del país.

Sabido es que la minería, a pesar de su importancia para la economía y desarrollo de Chile, no es una actividad que concite el interés y apoyo mayoritario de nuestros políticos. Por ello, considero que debemos hacer el intento para corregirlo, uniendo fuerzas y apoyos entre los diferentes gremios, asociaciones y entidades del sector minero.

En esta iniciativa, instituciones como el Instituto de Ingenieros de Minas, el Colegio de Ingenieros, Sonami, las facultades universitarias con carreras de minería, Cesco, Corporación Alta Ley, Voces Mineras y otras entidades relacionadas a la minería, unidas y coordinadas, podemos intentarlo por dos vías.

Una, entre los candidatos a constituyentes, apoyar a los más idóneos y que estén dispuestos a representarnos debidamente en el próximo proceso de redacción de la nueva Constitución, aportando una visión y propuestas objetivas e ilustradas que promuevan e incentiven una actividad minera sustentable y compatible entre desarrollo económico, valor compartido y cuidado del medio ambiente, junto con otorgar la necesaria certeza jurídica al inversionista.

La otra, aportando nuestro conocimiento, experiencia y sugerencias independientes de conflictos de interés, a los constituyentes electos que lo soliciten, con el único objetivo de lograr lo mejor para el futuro de Chile, basado en un desarrollo minero sustentable como vía para resolver las múltiples necesidades de los chilenos.  Queda planteada la invitación.

Entre los temas relevantes para la minería que según expertos deberían estar en la discusión constitucional podemos mencionar los siguientes:

• El concepto de desarrollo sostenible requerirá de una clara definición entre un medio ambiente libre de contaminación como una garantía constitucional o basado en el necesario equilibrio entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.
• Asegurar el derecho de la propiedad minera, respetando el concepto que el objetivo de otorgar una concesión minera es ejecutar el proyecto y no especular.
• Propiedad, acceso y uso del recurso hídrico, abarcando un amplio concepto que incluya aguas continentales y marinas, estas últimas de amplio y creciente uso en la minería, pero aún carente de una legislación ad hoc que incentive su utilización.
• En cuanto a régimen tributario, la minería metálica es la única actividad económica gravada con un impuesto específico o royalty, pero del cual nada queda en las zonas mineras, lo que no contribuye a que las comunidades disfruten de los beneficios de la minería en su entorno y provoca que la rechacen. Espero que estos planteamientos tengan acogida tanto entre los miembros de nuestra comunidad minera como entre los futuros convencionalistas constituyentes. (Voces Mineras)