- Por Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI).
Cuando en abril de 2023 el presidente Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, recibimos con cierta cautela dicho anuncio, particularmente por su generalidad y la falta de precisiones. Valoramos entonces que se declarara la intención de asociarse con entidades privadas para explorar y explotar yacimientos de litio, aprovechando así las capacidades técnicas en estas áreas. Sin embargo, nos resultó cuestionable que se pretendiera crear una empresa estatal sólo para este propósito, como también que el Estado accediera mayoritariamente a la propiedad de los proyectos. La política nunca mencionó que Codelco asumiría ese papel, ni menos aún que pretendería participar en las empresas operando actualmente en el Salar de Atacama.
Transcurridos poco más de ocho meses desde el anuncio, en un contexto de cierto estancamiento en el tema, nos sorprendió la noticia, justo antes de finalizar el año, sobre la intención de acuerdo entre Codelco y SQM para la futura explotación del vasto potencial de litio en el Salar de Atacama.
Según el Memorando de Entendimiento entre ambas empresas, esto permitiría continuar las operaciones más allá de 2030, manteniendo e incluso aumentando los niveles de producción.
Al respecto, consideramos que este anuncio es un avance significativo y concreto para que Chile aproveche, al menos en el Salar de Atacama, sus ventajas en la producción de litio, elemento clave para la transición hacia la electromovilidad y la lucha contra el cambio climático.
Asimismo, creemos que es fundamental continuar avanzando en fórmulas que faciliten la asociación público-privada, implementando mecanismos que brinden las garantías necesarias para atraer a inversores a Chile en esta carrera por desarrollar y liderar la industria del litio. En este sentido, hemos dicho que es esencial otorgar un papel significativo a los privados para que inviertan y ejecuten proyectos, especialmente a aquellos que cuentan ya con concesiones mineras en depósitos de litio, como en el Salar de Maricunga. Y existen las herramientas legales para otorgar derechos a esos particulares, con pleno resguardo de las condiciones económicas y comunitarias que se consideren necesarias para dicho otorgamiento.
Reiteramos que el hecho de que el litio no sea concesible no implica que los privados no puedan explotarlo o que el Estado deba necesariamente asumir las respectivas operaciones o la propiedad mayoritaria de ellas. En este caso, se ha aprovechado la propiedad de Corfo sobre las concesiones productoras de litio -lo que, de paso, confirma la eficacia de la concesión minera también para este recurso-, logrando así estabilidad en su explotación por un plazo extenso, lo que consideramos beneficioso tanto para el país como para la industria del litio. (Fuente: Boletín Minero. Sonami)
