Sergio Hernández: “La propuesta Constitucional está llena de contradicciones y vacíos jurídicos”

• El abogado y director ejecutivo de APRIMIN presentó las «Conclusiones Finales al Análisis de la Propuesta de Nueva Constitución» en el networking de APRIMIN que cerró el Mes de la Minería.

Ante un numeroso público reunido el jueves último en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center, el abogado y director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, APRIMIN, realizó un detallado análisis de la propuesta de nueva Constitución, que será plebiscitada el próximo domingo 4 de septiembre.

El profesional, de dilatada experiencia en el sector minero, hizo una exhaustiva revisión de los derechos establecidos en la propuesta, destacando la falta de claridad y especificidad de muchos conceptos, lo cual genera incertidumbre no sólo en el sector minero sino en la imagen país, lo que atenta contra la inversión, aspecto primordial para el desarrollo económico y, por ende, para dar financiamiento a las promesas sociales que se incluyen en el documento. Aclaró además que, en muchos casos, propuestas constitucionales desconocen la existencia de tratados internacionales. Por ejemplo, en este caso no existen normas claras para la minería, que clarifiquen ciertos aspectos jurídicos como el régimen concesional o servidumbres para desarrollar la actividad, ni mención alguna al régimen de amparo.

NO HAY DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE CONCESIONES

Sergio Hernández argumentó que, si bien se expresa que Estado protegerá a las pequeñas mineras y a los artesanos mineros, surgen muchas dudas sobre la aplicación de esa protección ya que, al no existir el derecho de propiedad sobre concesiones de exploración y explotación como sucede hoy, no podrían dar garantías de esa inexistente propiedad para créditos financieros, principalmente desde la ENAMI, sino solo de sus activos fijos. Esto, a su juicio, restringe absolutamente la explotación de yacimientos mineros, porque las medianas y pequeñas empresas son las que requieren más capital y el respaldo en garantía de su propiedad minera es esencial para obtener créditos.

Además, para toda la minería, el abogado se pregunta: “¿Se eliminan las concesiones y el derecho de propiedad sobre ellas mientras se pague una patente? ¿qué ocurrirá con el derecho de propiedad que hoy tienen los concesionarios? ¿qué pasará si la regulación -que debe ser por normativa desde el Estado, por ley o solo reglamento autónomo- determina una política que termine con las concesiones?

Como la actual ley orgánica de concesiones mineras, que tiene rango constitucional, establece que, ante el caso de una expropiación se le da derecho a indemnizar a la minera por el valor presente de sus flujos futuros, se podría poner en cuestionamiento este estatuto jurídico ante el texto de esta eventual nueva Constitución, ¿qué estatuto jurídico se les aplicará entonces a las actuales concesiones?”, fueron algunas de las interrogantes que puso sobre la mesa el abogado.

Afirma, sin embargo, que como las actuales concesiones mineras fueron otorgadas de conformidad a las normas vigentes al momento de otorgarse y dado que las leyes y la Constitución no tienen efecto retroactivo, a su juicio, están protegidas y lo seguirán estando por el mismo régimen existente al momento de ser otorgadas judicialmente. Es decir, conservarán su propiedad mientras se paguen las patentes que las amparan

EL ESTATUTO DEL AGUA CREA SERIOS PROBLEMAS

Sergio Hernández analizó, además, el Estatuto del Agua. Destacó que la creación de la Agencia Nacional de Aguas, que sustituirá a la Dirección General de Aguas (DGA) será el organismo que otorgará autorizaciones de uso del agua, lo que expresamente señala que regirá no sólo para el futuro, sino también como régimen aplicable para los actuales propietarios de derechos de agua los que, por lo tanto, caducarán en el mismo momento en que la nueva Constitución rija, si es aprobada.

Agregó que se establece que el uso del agua no es comerciable, creando serios problemas para los agricultores, que no podrán dar en garantía derechos que ya no poseerán, para los períodos de siembra y capital de trabajo.

En el caso de la minería, destacó el reúso que hoy da la minería a este vital elemento, en un 76%, así como la incorporación de desaladoras para uso de agua de mar en los procesos productivos. “Con estas normas, se pone en seria duda el desarrollo de esta innovadora forma de captar este esencial insumo crítico, más si no se podrían vender los excedentes a terceros ni a la comunidad, lo que podría resolver en buena forma el problema de la sequía”, aclaró.

“Hoy existen 15 desalinizadoras en operación y 12 proyectos en construcción”, agregó Sergio Hernández.

¿SERÁ POSIBLE VENDER MINERALES?

Volviendo sobre el Estatuto de los Minerales, dijo que la propuesta de Constitución establece que el Estado es dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, lo que es igual a lo que hoy rige, pero agregó que, también propone que el Estado es dueño inalienable de las sustancias metálicas y no metálicas… “Éste es un cambio radical en las reglas del juego. ¿Será imposible vender minerales?”, preguntó Hernández, considerando que el Estado sería el dueño de esas sustancias que declara como inalienables.

“La exploración, explotación y aprovechamiento serán regulados por carácter finito, no renovable, con interés intergeneracional y ambiental, se descarta la minería en glaciares, áreas protegidas y otros por ley. Y luego, señala que el Estado fijará la política minera y su encadenamiento, cierre, y paralización. ¿Cómo?, ¿Por reglamento, Decreto Supremo?”, manifestó el abogado.

A juicio del director ejecutivo de APRIMIN son muchas las dudas jurídicas que surgen del análisis y lamentó que los convencionales no hubiesen dado el tiempo necesario a los voceros de los gremios del sector minero para explicar la realidad sectorial y no incorporaran los argumentos quese entregaron oportunamente. “La propuesta Constitucional está llena de contradicciones y vacíos jurídicos”, concluyó.