Sergio Hernández: “Cuidemos la principal actividad económica que ha impulsado históricamente el desarrollo de Chile”

• El director ejecutivo de Aprimin y autor del libro “El Impuesto Específico a la Actividad Minera” analiza en profundidad las críticas más agudas a la industria minera

No tiene pelos en la lengua y su larga experiencia en el sector minero, como subsecretario de Minería, director y Fiscal de ENAMI y exvicepresidente ejecutivo de Cochilco, entre algunos de sus cargos, respaldan sus argumentos a la hora de analizar las críticas más agudas a la industria minera, especialmente, aquellas que han surgido a raíz del proyecto de royalty y el proceso constituyente.

Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Minería Aprimin, es abogado de la Universidad de Chile especializado en Economía, Derecho Tributario, Minero y Corporativo; y Dirección de Empresas. Además, es autor del libro “El Impuesto Específico a la Actividad Minera”. Invitado frecuente en seminarios nacionales e internacionales, así como a programas de televisión, se dio el tiempo para esta entrevista con nuestro medio, en medio de su ocupada agenda, porque cuando se trata de aclarar rumores infundados o críticas de “mala leche”, sale a la palestra con convicción.

PURO DESCONOCIMIENTO

-Frente al proceso constituyente, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, dijo que la minería no se puede concebir como algo sólo técnico y legal para definir la nueva carta magna y que este sector debe ser un actor importante en el debate, destacando su propósito en la sociedad: “No basta con tener buenos abogados constitucionalistas, es importante que la población entienda por qué necesitamos más y mejor minería”, dijo.  ¿Usted cree que la población en general y, en especial, los parlamentarios han entendido realmente de qué se trata el negocio minero? 

“La democracia basa su valor en las decisiones libres e informadas de la población, a través de sus representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo. A su vez, éstos generan las leyes que, entre otras materias, fijan el marco en que se desenvuelve la minería, principal actividad económica de Chile. Esa es la razón por la cual es esencial que la población y sus representantes conozcan muy bien en qué condiciones se desarrolla esta industria y sus impactos en el desarrollo económico y social de Chile”, dice para sustentar su respuesta. Y agrega: “Esto es básico, para generar un marco legal que permita el adecuado clima para la inversión minera y establezca las normas que la hagan en Chile competitiva con el resto de los distritos mineros del mundo y que, a la vez, el país reciba una justa retribución”, sostiene Hernández.

“Creo que en algunos sectores de parlamentarios no existe un pleno conocimiento de la actividad minera, ni de sus potentes efectos en el encadenamiento productivo; en el empleo no sólo directo, sino en los proveedores, comercio, industria y toda la actividad económica y el empleo nacional y su cobertura geopolítica en el norte de Chile.  Por esa razón, centramos nuestros esfuerzos comunicacionales en el país y en presentaciones en las sesiones de ambas ramas del Congreso Nacional ante proyectos de ley que la puedan regular, como los actuales proyectos de protección de glaciares y de royalty.  Así también, lo haremos con los convencionales electos para la redacción de la nueva Constitución de la República”, aclara.

– ¿A qué atribuye esta falta de conocimiento del sector, incluso entre los parlamentarios que integran las comisiones de minería en el Congreso?

Hay varias razones. Primero, porque la minería se desenvuelve en zonas menos pobladas. Segundo, porque en el pasado la minería ha tenido procesos contaminantes, cuando no había conciencia ni la legislación que hoy tenemos sobre la necesidad de un planeta limpio. Esto está cambiando rápidamente con procesos sociales y ambientalmente sustentables que ha adoptado la minería, gracias a la Gran Minería que aplica estas políticas a nivel internacional; y a las empresas proveedoras e innovadoras. En tercer lugar, porque no hemos sabido transmitir adecuadamente el enorme impacto que produce la minería en el estándar de vida de los chilenos. Por ejemplo, no hemos informado suficientemente de que el producto minero está en todos los bienes que generan una mejor calidad de vida. Sin cobre, litio, níquel, cobalto, nitratos, hierro y otros minerales, no hay medios de transporte, comunicaciones, computadores, redes de transmisión eléctrica, celulares, monitores ambientales ni mitigación, para detener el cambio climático. Tampoco podríamos producir fármacos, laboratorios médicos, infraestructura sanitaria, en fin, todo lo que ha mejorado la calidad y la expectativa de vida de la humanidad. En otras palabras, sin el producto minero no hay posibilidad alguna de tener una mejor vida ni un planeta más limpio.

• La minería es una de las principales columnas que sustentan la economía del país. Sin embargo, existe gran desconocimiento de su aporte a todo nivel. ¿Cree que los programas de educación nacional han obviado el conocimiento de la minería?

Absolutamente, hay una total ausencia de información sobre los beneficios de la minería para los estudiantes de enseñanza básica y media. Tanto es así, que, para protestar muchos jóvenes contra la minería, no se dan cuenta que en sus redes sociales usan necesariamente equipos que están construidos con productos mineros.  Celulares, computadores, impresoras, televisores, vehículos, etc., son fabricados con metales, especialmente cobre, pero los jóvenes no le dan el valor a eso, por desconocimiento.

MINERÍA Y ROYALTY

– Aprimin, el Consejo Minero, Sonami, la Cámara Minera, Alta Ley y muchas otras organizaciones civiles relacionadas con la minería, han manifestado su disconformidad con el proyecto de ley de royalty, aprobado en la Cámara de Diputados y ahora en debate en el Senado. Como dice un colega, hablando “con peras y manzanas”, ¿cómo podría explicar a la ciudadanía lo que la Cámara Baja aprobó y lo que la industria minera rebate?

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de royalty minero basada en que en Chile no existe el royalty, lo que es un error gravísimo. En Chile existe el royalty minero desde el año 2005, que adoptó la forma de Impuesto Específico a la Minería, pero no es en su esencia un impuesto, porque está fundado en las razones que autorizan a los Estados a cobrar un royalty, que es una retribución al Estado por la extracción de minerales que forman parte de sus minas. No se funda en las razones que autorizan al Estado a cobrar impuestos. El problema es que lo aprobado por la Cámara de Diputados es un royalty con tasas exageradísimas sobre ventas, cualquiera sea la minera que las genere, que no reconoce el valor diverso de cada mina del Estado.

Aclara Sergio Hernández que, “cada mina del Estado tiene un valor distinto, mayor o menor dependiendo de varios factores: leyes del mineral (entre 0,3 y 2,5 y más), impurezas, dureza de la roca, contenido polimetálico, profundidad, si es de minerales oxidados o sulfurados, procesos metalúrgicos, distancia de las plantas hasta los puertos de embarque, etc. Son todas razones con fundamento geológico y, por tanto, con base científica”.

Y agrega: “Para convertir en comercializable el mineral de la mina que le pertenece al Estado, las mineras deben incurrir en costos y gastos muy diferentes, según los distintos elementos geológicos o vinculados con la geología ya mencionados, que tenga la mina sobre la cual recae su concesión. Por lo tanto, el Estado tiene derecho a recibir una justa retribución por el mineral que se extraiga por cada concesionario de explotación, dependiendo de este valor geológico de su mina”.

Por esto, estima que aplicar un royalty sobre ventas no reconoce este distinto valor de cada mina para el Estado.  “La única forma de reconocer esta realidad científica es aplicar un royalty sobre las utilidades operacionales de la minería, como está en el actual IEAM, Impuesto Específico a la Actividad Minera (leyes 20.026 y 20.469), no afectando tanto, como lo hace el actual proyecto, a todas las mineras medianas y a muchas grandes con bajas leyes y con complejidades geológicas que pueden ser enormes. Además, con el proyecto actual paralizarán o no se materializarán gran parte de los nuevos proyectos mineros, afectando seriamente el empleo, el bienestar de cientos de miles de familias y el desarrollo de Chile”, afirma el experto.

LA OTRA MIRADA

En las redes sociales circula mucha información de diversas fuentes, que contraviene lo que las empresas mineras justifican. Un ejemplo: entre 2001 y 2010, Codelco produjo 16.250 millones de toneladas de cobre fino y tributó US$41.160 millones en el mismo período. Las GMP-10 produjeron 3.048 millones de toneladas de cobre fino y tributaron US$22.807 millones en el período. Es decir, Codelco produjo un 35% del cobre total de las empresas de la GMP-10 y tributó un 64,35% del total tributado. Si Codelco hubiera producido lo mismo que las GMP-10, habría tributado US$76.111 millones en lugar de los US$22.807 millones ¿Qué puede decir en relación con esto?

Este análisis olvida que el dueño de Codelco es el Estado y que, por lo tanto, éste no sólo recibe impuestos de Codelco, sino sus utilidades como dueño y, además, ha recibido el 10% de sus ventas para las FFAA. Además, el Estado ha retirado de CODELCO un porcentaje superior al 90% de sus utilidades, que contrasta con menos del 50% que la empresa privada distribuye a sus accionistas, con lo que a Codelco no le ha permitido reinvertir sus utilidades para poder crecer, como sí lo ha hecho la mayor parte de la minería privada. Eso explica las diferencias.

“Mientras la minería privada debe retornar la inversión a sus dueños, Codelco la retorna también a su dueño, que es el Estado, lo que lógicamente hace que entregue más recursos al Estado que los privados. La comparación que se hace no reconoce esta lógica diferencia. El Estado no ha invertido en la minería privada, privilegiando sus recursos para la Agenda Social, por lo que es obvio que no puede tener de las privadas el mismo aporte que tiene de Codelco; si fuera así, no habría inversión privada en minería ni el Estado recibiría los tributos que ésta le paga”, explica Hernández.

MINERÍA Y CONSTITUCIÓN

-Usted participó recientemente en el programa de televisión “Reporte Minero” junto al economista y profesor de la U. de Chile, Ramón López. Este profesional enfatizó en que la minería es la única actividad económica que está regulada en la Constitución”. A su juicio, ¿es discriminatorio este hecho o, por el contrario, pone de relevancia la importancia de esta industria?

Depende, pero, así como está regulada la minería en la Constitución Política vigente, se pone de relieve la importancia de este sector para la vida de los chilenos. Por esa razón es tan importante que en el proceso constitucional que comienza, se aseguren las condiciones para el desarrollo minero, así como sus beneficios para Chile.

A su juicio, ¿debería la minería permanecer incorporada en la Constitución? ¿O sólo bastaría un nuevo Código Minero para regularla?

En mi opinión, debe continuar siendo regulada en la nueva Constitución y tal como está actualmente, porque asegura que leyes posteriores no cambien el dominio del Estado sobre las minas y, a su vez, el régimen de concesiones a particulares que le da certeza a las inversiones para desarrollar un sector de riesgo, de grandes inversiones y de retornos a muy largo plazo; así como le asegura una retribución al país por la extracción de minerales que forman parte de sus minas.

– ¿Qué cambios cree usted que es necesario realizar para dar mayor tranquilidad a las empresas privadas que realizan inversiones en Chile?

Ninguno, mantendría la actual regulación constitucional y legal que se aplica a la minería. Lo que falta no son modificaciones normativas, sino una mejor conciencia de las comunidades acerca del valor para sus vidas que entrega el desarrollo minero, para lo cual es necesario que las empresas mineras y los gremios que representamos a este sector se los podamos transmitir y apoyar mejor a esas comunidades.

EVASIÓN Y ELUSIÓN

• En el mismo programa, Ramón López aseguró que las empresas mineras cometen evasiones y elusiones en el proceso de exportación. ¿Cuál es su posición frente a esta denuncia?

En ese debate, emplacé al profesor López que me informara de algún caso en los últimos diez años, que él conozca de evasión o elusión tributaria de alguna minera y no pudo contestar. Son afirmaciones al voleo. No digo que no pueda haberlas, como puede haberlas en toda actividad económica o personal, pero esa posibilidad no puede ser «compensada” por un royalty que afecte a cumplidoras y posibles incumplidoras. Si existiera evasión, con fiscalizaciones adecuadas, que las hay, se podría sancionar, pero es muy difícil que algo así ocurra. Primero, COCHILCO revisa la totalidad, miles de facturas, contratos de exportación y los documentos aduaneros únicos de salida de los productos mineros; Aduana tiene desde hace unos 5 años, aforos físicos para la exportación de concentrados de minerales; existen auditorías nacionales e internacionales que no permitirían que, a los accionistas de las compañías mineras, en algunos casos, y a muchos miles de minoritarios se les burlaran sus dividendos.

A esto agrega que, “Las compañías mineras grandes transan en bolsas que tienen procedimientos y normas de transparencia, precisamente para no defraudar a los accionistas minoritarios. El SII tiene convenios con otros servicios de impuestos de países sobre fiscalizaciones recíprocas. En fin, las posibles evasiones y elusiones se detectan con fiscalizaciones integrales, no con supuestas compensaciones tributarias que afectan a empresas que pueden estar cumpliendo adecuadamente sus resultados tributarios o declarar correctamente sus embarques de exportación. No pueden pagar igual justos y eventuales pecadores. Estos últimos deben ser detectados y sancionados por las fiscalizaciones.  Y si alguien hace una denuncia, debe ser responsable y entregar los nombres a los organismos fiscalizadores”.

“Cuidemos a la minería, que requiere grandes capitales y que requiere certeza jurídica de largo plazo, actividad muchas veces de riesgo, cuidemos la principal actividad económica que ha impulsado históricamente el desarrollo de Chile y que ha sido gran responsable de haber disminuido la pobreza del 40% al 8,5% en los últimos treinta años”, dijo por último Sergio Hernández. (Por Silvia Riquelme Aravena, periodista)