Senado pide al gobierno que exija a Suecia repatriación de desechos tóxicos de Boliden Minerals

• Hace 35 años, la minera sueca depositó en Arica 20 mil toneladas de residuos tóxicos, por lo cual 796 chilenos se querellaron en Suecia en 2013. La ley sueca prescribió los reclamos por haber transcurrido más de 10 años del hecho y dictaminó que los demandantes debían pagar las costas del juicio.
  

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El Senado solicitó al presidente Sebastián Piñera que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que pida al gobierno de Suecia la repatriación de los desechos tóxicos que fueron depositados en Arica por la empresa sueca Boliden Minerals. Se trata de aproximadamente 20 mil toneladas de residuos peligrosos que fueron transportados a Chile por vía marítima entre 1984 y 1985; y depositados en Quebrada Encantada en las afueras de Arica.

Investigaciones posteriores, demostraron que los desechos mineros contenían altas concentraciones de mercurio, plomo y arsénico, entre otros metales dañinos para la salud de las personas expuestas a estos residuos.  A raíz de esto, en 2013 hubo un juicio que fue llevado por abogados suecos.  Lamentablemente la justicia sueca dictaminó en 2019 que los reclamos estaban prescritos, por haber transcurridos más de 10 años y, además, dictaminó que los demandantes debían pagar las costas del juicio.

Después de más de 35 años de los hechos, que han sido calificados por los denunciantes como “crimen medioambiental”, las presiones de organismos de la ONU y ahora de la Cámara Alta buscan que el gobierno de Suecia se haga responsable de los desechos tóxicos depositados en Arica y que proceda a su repatriación.

CIUDADANOS AFECTADOS

El Mercurio publicó recientemente una entrevista al abogado sueco Johan Öberg, quien defendió a 796 chilenos que vivían en las inmediaciones de la Quebrada Encantada y que habrían sufrido diversas enfermedades derivadas de la toxicidad de los residuos metálicos. El artículo señalaba textualmente:

«Las autoridades chilenas no ayudaron de ninguna manera a intentar probar los daños. Era obvio que el caso era, y es un tema políticamente delicado entre muchos funcionarios». Con esta afirmación, el abogado sueco Johan Öberg recuerda para «El Mercurio» el largo juicio que entabló en su país para demandar a la empresa Boliden Minerals AB con indemnizaciones para 796 ciudadanos de Arica, como consecuencia de la exposición a 20 mil toneladas de residuos peligrosos que en 1984 y 1985, Boliden envió desde una fundición de su propiedad hasta la ciudad chilena.

Iniciado en 2013 ante la Corte de Distrito de Skellefteå, el juicio civil contra Boliden terminó en 2019 con un fallo de la Corte Suprema de Suecia que desestimó revisar lo resuelto ese mismo año por la Corte de Apelaciones, que aplicó la ley sueca para declarar prescritos los reclamos, pues habían vencido los 10 años que dispone para entablarlos.

El juicio sigue teniendo consecuencias hasta hoy.

Este era el principal argumento del gobierno sueco para discrepar de las peticiones de relatores de Derechos Humanos de la ONU que le pedían repatriar el cargamento tóxico, hoy depositado en Quebrada Encantada en las afueras de Arica. Pero el 18 de junio, el Ministerio del Medio Ambiente de ese país se abrió a colaborar en la limpieza de Arica de esos residuos, si Chile lo pide.

DENUNCIAN A LOS ABOGADOS

Además, Öberg y su colega Goran Starkebo enfrentan hoy denuncias de Boliden ante el Colegio de Abogados de ese país. La empresa intentó infructuosamente ejercer el derecho que la ley sueca le da como vencedora en el juicio y cobrar a la parte vencida sus costas procesales que, según los relatores de la ONU, supera los 3 millones de euros.

Arica Victims, la sociedad que representó a los 796 ariqueños y que fue creada para entablar la demanda contra Boliden, se declaró en quiebra.

La empresa minera (Boliden) acusó a ambos abogados ante su orden profesional de crear ex profeso la sociedad, que no registra actividad previa, para eludir ese pago. También, según Öberg, les ha advertido que entablará una demanda judicial esta vez contra sus personas. «Este tipo de amenazas es desconocido en Suecia», dijo Öberg. Argumentó que crear la sociedad Arica Victims «está en línea con el derecho, con la legislación sueca y el derecho a un juicio justo» que tenían los demandantes, que carecían de recursos para dejar una garantía que les permitiera apelar ante el fallo de primera instancia dictado en 2018 por la Corte de Distrito.

Este fue el único de los tres fallos en que la justicia sueca aceptó aplicar la legislación chilena. En específico, la Ley de Bases del Medio Ambiente, que extiende la prescripción cinco años contados desde la manifestación del daño, convirtiéndose en la única ocasión en que los jueces de ese país examinaron el fondo de la demanda.

Según explicaron Öberg y el abogado Jonas Ebbesson, quien también participó en el juicio, la corte estableció cierto grado de negligencia de Boliden, que constató que los residuos quedaron abandonados a la intemperie. También que había causalidad entre esto y los niveles de arsénico que presentaban los demandantes. Pero no dio por probados los daños.

ARSÉNICO EN LA ORINA

A favor de los chilenos declaró el profesor de la U. de Berkeley, Creig Steinmaus, quien afirmó que los 30 microgramos (ug) de arsénico por litro de en orina que estos presentaban aumentaban su riesgo de sufrir deficiencias graves.

«La experta de Boliden, Joyce Tsuji, declaró que menos de 100 ug no eran dañinos en absoluto. Y el tribunal finalmente dijo que no podían poner a un perito a favor del otro. Como teníamos la carga de la prueba, decidió que no habíamos probado el daño», dijo Öberg.

La participación de Fernando Atria en el caso de las costas procesales declaradas por Boliden ante los tribunales suecos, dos cifras corresponden a los honorarios del abogado chileno Fernando Atria. Este elaboró un informe sobre Derecho Civil chileno y se presentó a declarar como testigo experto de Boliden, por lo cual recibió, según esos documentos, 719.488 coronas suecas y US$ 55 mil, lo que suman unos US$ 138.500 (cerca de $100 millones).

Boliden, además, contrató a la firma estadounidense Exponent. Según los abogados suecos, esta se especializa en producir prueba científica para multinacionales como tabacaleras o del rubro de combustibles fósiles que enfrentan demandas judiciales.

La participación de Atria en el juicio, revelada por Chilevisión, generó cierta controversia, dado su perfil antineoliberal. El abogado, que declinó responder las consultas de «El Mercurio», publicó en Twitter su informe para demostrar que era «neutral».

Los abogados suecos coincidieron en que no discrepó sustancialmente con su propio experto en derecho chileno, el abogado penquista Ramón Domínguez. Contactado por este medio, enfatizó que «fue mi tesis, que la ley de medio ambiente primaba sobre el Código Civil, la que prevaleció en el fallo de primera instancia». (Copyright Grupo de Diarios América – GDA/El Mercurio/Chile)