Royalty minero: el desafío de la compensación a las comunidades por la explotación de los minerales

• Intenso debate hubo en el Congreso, en el marco del proceso de escucha que están haciendo los congresistas antes de votar la idea de legislar el Royalty Minero en segundo trámite. Un seminario online realizado este viernes 24 de junio, organizado por la Comisión de Minería del Senado permitió conocer diversas miradas.

La fórmula de cálculo de una nueva compensación, los efectos de la industria en las comunidades originarias y el sentido colectivo de los recursos naturales fueron algunos de los temas abordados en el seminario “Ley de Royalty Minero”, que se realizó este viernes 24.

El evento organizado por la Comisión de Minería y Energía del Senado, tuvo como fin contribuir al debate en el marco de la tramitación del proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio, el que cursa su segundo trámite.

La presidenta de la instancia legislativa, la senadora Yasna Provoste contextualizó la actividad explicando que “creemos que escuchando a Chile podemos tener una mejor ley. Hoy continuamos este esfuerzo de diálogo, que comenzamos el pasado miércoles donde escuchamos a diversos actores en audiencias públicas”.

Complementó relevando que “hacemos esta discusión en tiempos de alto precio, probablemente es el mejor momento, pero sabemos que esto es algo cíclico. Estamos todos comprometidos con escuchar pensando en lo que le hace bien a Chile”.

ROYALTY NECESARIO

Inaugurando el seminario, el ex Presidente Ricardo Lagos recordó las condiciones en que se comenzó a aplicar el royalty minero. “En el 2005 acordamos usar un instrumento disponible porque el fin era recaudar fondos para ciencia y tecnología, a partir del uso que hacían empresas mineras de un recurso de todos, como son los minerales. La compensación se fijó pensando en la realidad internacional y las particularidades nacionales”, explicó.

“Mirando lo que ha pasado estos 10 años, vemos que se ha cobrado en promedio un 1,8% del valor de la producción, es decir unos 5 mil millones de dólares. Creo que debería compensarse un tercio más de ello”, aseguró.

El profesor de Universidad de Cambridge y de la Universidad de Santiago, Gabriel Palma sintetizó el problema planteando que todo pasa por “identificar quién tiene el derecho de propiedad del mineral que constituye un bien común (…) ¿Desde cuándo para que una minera sea competitiva debemos regalarle su insumo principal? Ninguna actividad económica pide algo así”.

A su juicio, «el desafío es determinar el precio de eficiencia, es decir el cobre en la roca y en ello deben incluirse los subproductos. Discutir el uso de los recursos sigue siento tan importante como lo anterior. Sugiero que el proyecto diga que, al menos dos tercios de la compensación se usen para fines productivos. Creo que una buena opción es que sea un costo fijo para las mineras (considerando el último año normal antes de la pandemia, 2019, por ejemplo)».

CONVIVIR CON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

El presidente de la Comunidad de Pueblos Atacameños Licanantay, Manuel Salvatierra comentó los convenios que han firmado con ocasión de diversos proyectos mineros. “En el Salar de Atacama las 18 comunidades que representamos, se ven afectadas por la extracción de mineral en lo medio ambiental. No ha habido consulta indígena contraviniendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas”, denunció.

“El Estado debe ser el responsable de estos procesos de consulta. Nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos contribuir, pero, nos apena sentirnos solos en esto porque el Estado no es capaz de entregar un equilibrio y proteger nuestros ancestros y el medio ambiente”, hizo ver.

La consejera territorial Adi Jiwasa Oraje de la región de Tarapacá, Catalina Cortéz mostró una secuencia de fotos para demostrar el crecimiento de relaves en Michincha en Collahuasi. «¿Qué pasa con el Sistema de Evaluación Ambiental? Vemos que el bofedal de esa zona se vio perjudicado porque lo institucional no funcionó y porque la empresa minera tampoco tiene interés de cumplir con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)», relató.

«Entonces nos preguntamos si es justo este royalty y si debe ser recogido por las regiones. ¿Por qué no hablar de un royalty indígena, uno diferenciado?, si somos nosotros las comunidades las que no hemos tenido buenas relaciones con estas empresas. Nosotros usábamos territorios que ya no existen», compartió.

«MÁS MINERÍA»

El profesor de la Universidad Católica, Juan Ignacio Guzmán, se refirió a las industrias del cobre y el litio. «Mucho se ha dicho de la ganancia de la industria privada con la explotación de un mineral que es nuestro, pero ellos han contribuido con 60 mil millones de dólares en estos 30 años, lo que equivale al excedente de CODELCO en este lapso. Estamos frente a un Win-Win», dijo el académico.

«El uso del cobre hay que cobrarlo, pero se necesitan socios para eso porque tenemos necesidades sociales mucho más importantes. La pregunta legítima es cuánto es razonable que ese socio obtenga por esta contribución social. Si se quiere maximizar la contribución de la industria en el país, lo más importante es ver de qué forma se pueden obtener mayores ganancias para todos», concluyó.

OTRAS VISIONES

Durante la reciente semana, precisamente el miércoles 23, la Comisión de Minería y Energía  inició la ronda de audiencias para escuchar a una serie de actores y formarse así una opinión antes de votar la idea de legislar. En dicha oportunidad, se conocieron las visiones de el alcalde de María Elena, Omar Norambuena; de Miguel Moreno, de la Asociación Chilena de Municipalidades; de Patrick McNab, director del Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA); de Fernando Cortéz, de la Asociación de Industriales de Antofagasta; del académico y expresidente ejecutivo de CODELCO, Marcos Lima; y del ex gerente de la división Radomiro Tomic, Juan Ignacio Medel.

LAS DECLARACIONES

El alcalde de María Elena, Omar Norambuena manifestó que su intención que “este proyecto permita que los recursos del royalty pueden quedar en manos de los municipios mineros de libre disposición. Sabemos que muchos podrían usarlos para solventar las diversas necesidades que he hecho ver la crisis sanitaria. Creemos que este aporte siempre debe ser proporcional”.

Miguel Moreno de la Asociación Chilena de Municipalidades hizo ver que “el Impuesto Específico a la Minería no genera transferencia directa a regiones. Las comunas mineras, y no las mineras, son las que sufren los impactos de esta actividad, hablamos de daño ambiental, urbano y comunicacional. No se contrata mano de obra local, así que tampoco recibimos apoyo por ese lado”.

El director del Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), Patrick McNab comentó que “nos parece que no es de justicia que el tributo que se estudia grave de la misma manera a procesos mineros tradicionales y a aquellos que contribuyen al medio ambiente (…) Además creemos que debe incluirse un mecanismo de control para medir si efectivamente los recursos que se plantean lleguen a las localidades que lo requieren”.

Desde la Asociación de Industriales de Antofagasta, Fernando Cortéz aseguró que “el proyecto debe abordarse con profesionalismo porque es una decisión fundamental para Chile y nuestra comuna. Es imperativo equilibrar la recaudación con la sustentabilidad de la inversión minera. No es un buen proyecto. Que el retorno llegue a las regiones es algo que todos queremos, pero, no hay capacidad para hacer operativo aquello”, concluyó.

El expresidente ejecutivo de CODELCO, Marcos Lima planteó que “para poder despegar nuevamente, se necesita activar toda la cadena de valor minero. Cuando se dice que la riqueza se la llevan, eso no es así. Hay un error cuando se dice que cuando se exporta concentrado no hay valor agregado pero el mayor valor está en la primera etapa que es la mina concentradora”.

El ex gerente de la división Radomiro Tomic, Juan Ignacio Medel comentó “que el Estado debe resarcirse del uso de los recursos mineros. La compensación a establecer debe ser de una cuantía tal que el resultado no afecte la competitividad minera nacional. La carga tributaria global debe ser similar a otros países mineros”.

El objetivo de estas consultas a distintos expertos y representantes del sector minero es someter a votación la idea de legislar en la semana del 14 de julio.

Las presentaciones completas de los participantes pueden consultarse en la página web de Senado TV.