Primer Tribunal Ambiental realiza diligencia en terreno en el marco del Acuerdo de Conciliación entre Minera Candelaria y el CDE

• “El tribunal está chequeando el principio de indemnidad de las medidas, los que tienen que ver con la pertinencia, completitud, capacidad de cumplimiento y significancia de las medidas propuestas”, explicó el ministro a cargo de la diligencia, Marcelo Hernández Rojas.

En el marco de diligencia judicial por la demanda de daño ambiental en contra de Compañía Minera Candelaria, el Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo, ayer, una visita a la zona de influencia del proyecto.

La medida resuelta por el órgano colegiado tuvo como fin recoger información sobre las medidas propuestas en el Acuerdo de Conciliación presentado por la empresa y el Consejo de Defensa del Estado, CDE, con el fin de asegurar la indemnidad del daño ambiental.

“El tribunal está chequeando el principio de indemnidad de las medidas, los que tienen que ver con la pertinencia, completitud, capacidad de cumplimiento y significancia de las medidas propuestas”, explicó el ministro a cargo de la diligencia, Marcelo Hernández Rojas.

También, detalló que “se revisaron cada una de las consideraciones, tanto en lo que respecta a distintos sectores del acuífero de Copiapó, identificación de servicios ecosistémicos, así como otras que están en la lógica de la reparación, como la disposición de aguas superficiales que finalmente a través de un ducto van a dar al Parque Kaukari. También, se verificaron aquellas que tienen relación con la posibilidad de traspasar derechos de aprovechamiento a un organismo que se dedica a la conservación”.

En el recorrido, el equipo jurídico y en ciencias del tribunal revisó las características técnico-ambientales del acuífero de Copiapó, así como el modelo hidrogeológico, áreas de pozos y monitoreo de la minera en Alcaparrosa y Paipote, así como obras de carga y descarga.

El último punto que se inspeccionó fue el Parque Urbano Kaukari ubicado en Copiapó, para posteriormente culminar la diligencia con la reunión de cierre en las dependencias de la minera.
En esta diligencia participó, además del equipo del tribunal, los abogados del Consejo de Defensa del Estado y la empresa, expertos de la Dirección General de Aguas, DGA y ejecutivos de la compañía minera.
En el marco de diligencia judicial por la demanda de daño ambiental en contra de Compañía Minera Candelaria, el Primer Tribunal Ambiental llevó a cabo, ayer, una visita a la zona de influencia del proyecto.

La medida resuelta por el órgano colegiado tuvo como fin recoger información sobre las medidas propuestas en el Acuerdo de Conciliación presentado por la empresa y el Consejo de Defensa del Estado, CDE, con el fin de asegurar la indemnidad del daño ambiental.

“El tribunal está chequeando el principio de indemnidad de las medidas, los que tienen que ver con la pertinencia, completitud, capacidad de cumplimiento y significancia de las medidas propuestas”, explicó el ministro a cargo de la diligencia, Marcelo Hernández Rojas.

También, detalló que “se revisaron cada una de las consideraciones, tanto en lo que respecta a distintos sectores del acuífero de Copiapó, identificación de servicios ecosistémicos, así como otras que están en la lógica de la reparación, como la disposición de aguas superficiales que finalmente a través de un ducto van a dar al Parque Kaukari. También, se verificaron aquellas que tienen relación con la posibilidad de traspasar derechos de aprovechamiento a un organismo que se dedica a la conservación”.

En el recorrido, el equipo jurídico y en ciencias del tribunal revisó las características técnico-ambientales del acuífero de Copiapó, así como el modelo hidrogeológico, áreas de pozos y monitoreo de la minera en Alcaparrosa y Paipote, así como obras de carga y descarga.

El último punto que se inspeccionó fue el Parque Urbano Kaukari ubicado en Copiapó, para posteriormente culminar la diligencia con la reunión de cierre en las dependencias de la minera.

En esta diligencia participó, además del equipo del tribunal, los abogados del Consejo de Defensa del Estado y la empresa, expertos de la Dirección General de Aguas, DGA y ejecutivos de la compañía minera.