Presidente de Tribunal Ambiental y asesores visitan en terreno zona de proyecto de Cerro Colorado en Iquique

• Medida se adoptó para evaluar en terreno reclamaciones de comunidades indígenas por proyecto recién aprobado de la minera de BHP-Billiton.
  

Un equipo de asesores jurídicos y científicos del Primer Tribunal Ambiental, liderado por su presidente, el ministro Marcelo Hernández Rojas, se hizo presente en la mina Cerro Colorado, en Iquique, con el fin de examinar en terreno las reclamaciones de la Asociación Indígena San Isidro de Quipisca en contra de la evaluación favorable del proyecto “Adecuaciones en depósitos de lastre, caminos internos y campamento” (Causa R-39-2020) de la compañía minera.

La asociación indígena reclama por la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, ya que aseguran que en el proceso de evaluación ambiental no fueron considerados y que tampoco se evaluaron los impactos que el proyecto puede producir en la salud de las personas.

El proyecto reclamado contempla el depósito de los estériles (minerales de baja ley) en 87,3 hectáreas adicionales, lo que representa una capacidad extra de 86 millones de toneladas; además el tratamiento de la superficie de rodado de los caminos internos de la faena y la extensión de zonas intramuros del campamento de la minera.

La comitiva recorrió la Estación Campamento, el Mirador Despacho y las áreas industriales del proyecto, así como la estación meteorológica Cerro Negro y la estación Mamiña, donde se realizó un monitoreo a la calidad del aire y material particulado. También, el grupo visitó las comunidades de Quipisca, Mamiña y Parca.

COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO
La Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. (CMCC) es parte de la unidad de negocios Pampa Norte, perteneciente al grupo internacional BHP-Billiton, el mayor actor privado de minería en Chile y ha debido enfrentar diversos procesos judiciales con las comunidades indígenas de la zona, entre ellas, la Comunidad Indígena Aymara de Cancosa, la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca, la Asociación Indígena Quechua Mamiña Unida, la Comunidad de Aguas del Tampo de Mamiña y la Fundación Avina, que se ha sumado en defensa de los pobladores. Los conflictos han surgido principalmente por derechos de acceso al agua y por faenas exploratorias de minerales y han ocasiones han obligado a la compañía a detener sus faenas, que están en operaciones desde 1994.

CMCC basa su producción de 120.000 ton/ano promedio de cátodos de cobre, y el posterior procesamiento del mineral mediante chancado en tres etapas, lixiviación en pilas, extracción por solventes y electro obtención en una planta de 210 ha. Es una mina a cielo abierto que cuenta con una fuerza laboral de 1.038 empleados directos y 1.320 contratistas. Está ubicada en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá de Chile, en el desierto de Atacama a 2.600 m.s.n.m.

Actualmente su infraestructura se compone de un sistema de chancado, pilas de lixiviación, plantas de extracción de solventes y nave de electro-obtención.

De acuerdo con la querella interpuesta por la comunidad contra CMCC el 2005, la extracción del agua del bojedal Lagunillas para las operaciones de la empresa, terminaron secando cinco vertientes que lo alimentaban, provocando perjuicio ambiental, moral, psicosocial y patrimonial. Asimismo, las operaciones de la CMCC habrían producido afectaciones sobre el turismo, importante actividad económica para las localidades del sector circundante a la operación, entre otros impactos.

Luego de los distintos procesos judiciales interpuestos en contra de la CMCC, la empresa mantiene desde el 2006 un plan de manejo para el bojedal, el cual comprende abastecer de agua el bofedal hasta el año 2100. En marzo 2018, de acuerdo con la empresa, la recuperación de la cobertura vegetal de especies del bofedal fue de 94%.

Pese a esto, se ha informado que la operación continuará extrayendo agua del acuífero hasta el 2023, mientras se construye una desaladora, lo que permitirá terminar con el problema y disminuir el riesgo para el ecosistema del lugar.

Hasta fines de 2020 continuaban abiertos varios procesos judiciales entre las comunidades y la empresa; en tanto otros dos proyectos se encuentran en evaluación por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA): «Proyecto Suministro Hídrico Cerro Colorado» y «Proyecto continuidad operacional Cerro Colorado» a la espera de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.