Presidente de AIA: “el Royalty quitará competitividad a Chile frente a Perú y otros competidores mineros”

• Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, dijo que si se aprueba el gravamen “proyectamos un efecto devastador tanto para nuestra región como para todas las zonas mineras, afectando a la industria y sus encadenamientos económicos y sociales”.

“Este proyecto no consideró en su construcción la visión ni de la academia, ni los gremios de las zonas mineras, ni las empresas proveedoras que prestan sus servicios a la industria y la comunidad. Con estas visiones, perfectamente se podría haber trabajado en una propuesta responsable y proporcionada que no ponga en riesgo a la industria, sus empresas, sus trabajadores y familias”, afirmó Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, durante una entrevista con “Boletín Minero”, publicación oficial de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.

El dirigente gremial agregó que “Un royalty de esta envergadura claramente le quitaría competitividad a la industria nacional por sobre competidores como Perú”

Asimismo, declaró que, “Este proyecto no consideró en su construcción la visión ni de la academia, ni los gremios de las zonas mineras, ni las empresas proveedoras que prestan sus servicios a la industria y la comunidad. Con estas visiones, perfectamente se podría haber trabajado en una propuesta responsable y proporcionada que no ponga en riesgo a la industria, sus empresas, sus trabajadores y familias”, afirmo Razmilic.

En la mencionada entrevista, Razmilic hizo un llamado urgente al Gobierno y a los parlamentarios para convocar a una comisión técnica y especializada que reúna todas las visiones de los sectores involucrados para elaborar una propuesta real y objetiva que, por una parte, logre los objetivos tributarios y, por otra parte, “otorgue estabilidad a la industria y sus encadenamientos productivos”. A continuación, el texto inextenso de la citada entrevista:

“PÉSIMA SEÑAL”

La Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), que preside Marko Razmilic, calificó como una “pésima señal” la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de royalty. “Como gremio proyectamos un efecto devastador tanto para nuestra región como para todas las zonas mineras, afectando a la industria y sus encadenamientos económicos y sociales”, afirma el directivo en conversación con Boletín Minero.

La Asociación, junto a la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa) y la Asociación de Industriales de Iquique emitieron en conjunto una dura declaración en la que hicieron un llamado urgente al gobierno, y en especial a nuestro parlamentarios, a convocar a una “Comisión técnica y especializada”, que pueda analizar y recoger las visiones de todos los sectores involucrados (nacionales y regionales) y las implicancias de la normativa en proyecto, “de manera de elaborar una propuesta real y objetiva, que permita alcanzar los objetivos tributarios, a la vez que otorgue estabilidad y proyección al sector; así como también, a su enorme cadena de empresas dependientes, trabajadores y familias”.

ROYALTY MINERO

• ¿Cuál es su opinión respecto a la aprobación del royalty minero en la Cámara de Diputados?

Nos parece una pésima señal por parte del congreso y sus representantes. Esto porque es un proyecto que carece de las visiones que los actores que convergemos en la industria podríamos aportar. Nosotros no nos cerramos a discutir un potencial royalty minero, pero se tiene que hacer con responsabilidad y pensando en la sustentabilidad de un sector que provee cerca de 200 mil empleos.

• ¿Cuál es el impacto que podría tener este royalty, si es aprobado tal cual, para la Región de Antofagasta, que es una región eminentemente minera?

Como gremio proyectamos un efecto devastador tanto para nuestra región como para todas las zonas mineras, afectando a la industria y sus encadenamientos económicos y sociales.

Este royalty que, de aprobarse en las actuales condiciones, tendría una carga impositiva total de hasta un 82% sería prácticamente expropiatorio, frenando el desarrollo sostenible que ha tenido en las últimas décadas la industria y que ha contribuido ostentosamente al desarrollo de Chile y sus regiones. En ese sentido, todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes; sus trabajadores; y familias de nuestra región se verían seriamente afectados de aprobarse este proyecto de ley.

Además, como ya lo informamos y recordamos en nuestra declaración, durante los períodos de gran recaudación fiscal por la minería, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos y no han recibido nunca una verdadera compensación en gasto e inversión fiscal. El proyecto aprobado va en la misma línea, ya que señala claramente que los fondos recaudados van al erario nacional y no directamente a las regiones. Entonces nos preguntamos si realmente este proyecto fue pensado para las familias de las regiones mineras.

Además, un antecedente que nos preocupa en demasía es la alta tasa de desocupación regional que esta medida pueda producir, considerando que el impacto que ha tenido la pandemia a nivel económico y social nos llevó a tener un 13% de desempleo.

MINERÍA CHILENA VS. MINERÍA PERUANA

¿Un royalty de esta envergadura pone en defensa de la minería chilena respecto a la peruana, nuestro principal competidor?

Un royalty de esta envergadura claramente le quitaría competitividad a la industria nacional por sobre competidores como Perú, por ejemplo. Hemos trabajado durante décadas para atraer inversión minera y un proyecto como este pone en riesgo el atractivo que genera Chile para el desarrollo de una industria que ha sido ejemplo de competitividad y sostenibilidad en el mundo.

La carga impositiva total que alcanzaría –de hasta un 82%- sería casi el doble que pagan otros países productores, cuyos impuestos oscilan en torno al 40%, quitándonos total competitividad internacional y provocando una potencial destrucción de un proyecto país que nos ha traído gran prosperidad económica.

¿Cree usted que en esta materia ha faltado un análisis profundo y técnico?

Totalmente. Si bien este proyecto nació y fue presentado por representantes de la Región de Antofagasta en el Congreso, desconocemos su génesis, al equipo técnico detrás de su redacción, y vemos un claro sesgo compensatorio o transaccional. Este proyecto no consideró en su construcción la visión ni de la academia, ni los gremios de las zonas mineras, ni las empresas proveedoras que prestan sus servicios a la industria y la comunidad. Con estas visiones perfectamente se podría haber trabajado en una propuesta responsable y proporcionada que no ponga en riesgo a la industria, sus empresas, sus trabajadores y familias.

Es más, como gremio regional y en conjunto con los gremios de la zona norte ya hicimos un llamado urgente al Gobierno y a los parlamentarios a convocar a una comisión técnica y especializada que reúna todas las visiones de los sectores involucrados para elaborar una propuesta real y objetiva que, por una parte, logre los objetivos tributarios y, por otra parte, otorgue estabilidad a la industria y sus encadenamientos productivos.

TRAMITE EN EL SENADO

¿Qué espera usted del paso del proyecto en el Senado?

Esperamos que los senadores tengan la lucidez y la responsabilidad de ver los desastrosos efectos que este proyecto traerá a la industria, por lo que tenemos la esperanza de que no lo aprueben.

¿A su juicio que explicaría el poco arraigo que tiene la minería en la ciudadanía?

Como comentábamos anteriormente, la minería, no obstante, su enorme contribución económica al PIB del país otorga aproximadamente 200 mil empleos, lo cual representa una porción pequeña frente a la fuerza laboral país, lo cual explicaría ese poco “arraigo” nacional. Sin embargo, la pertenencia e identidad que tienen las regiones mineras con el sector es innegable. En Antofagasta, por ejemplo, a partir de los años ’90 la inversión minera posibilitó la aparición de nuevas empresas y rubros, y una verdadera transformación en las economías familiares, con la llegada de otra escala de consumo y niveles de gasto en bienes y servicios. Hablamos de un impacto en el desarrollo económico tremendo, donde la Región de Antofagasta lidera el PIB per cápita a nivel nacional, superando los US$30.000. Eso no significa que no tengamos desafíos donde la minería tiene bastante para aportar.

¿Cree usted que todo este ruido que ha provocado el royalty, incluso a nivel internacional, pueda repercutir en Exponor?

Como gremio seguimos confiando en la capacidad de conversar que tiene nuestro país, así como en las oportunidades que seguiremos ofreciendo a las inversiones internacionales. Acorde a la Corporación de Bienes de Capital, en los próximos cuatro años, las inversiones van a ser lideradas por el sector Minería (35%), donde los principales ejecutantes de iniciativas significan un 55,3% en nuestra región. En ese sentido, llevamos varios meses preparando la realización de nuestra exhibición internacional, que tendrá fecha entre el 20 y el 23 de junio de 2022. Hemos estado observando los movimientos de la industria internacional de ferias y exhibiciones, así como las exigencias y protocolos sanitarios para realizar un evento que cuente con todos los estándares. Recordemos que, el fomento a las oportunidades de negocios que posibilita Exponor, considerada como una de las 5 más importantes del mundo, se calcula en unos US$800 millones, existiendo además, un impacto inmediato de unos US$15 millones para los servicios de la ciudad de Antofagasta.

DEBATE CONSTITUCIONAL

¿En materia constitucional, cómo participará la AIA? ¿Están preparando algún documento para hacerlo llegar a los constituyentes?

La AIA mantiene una relación y diálogo fluido con una serie de instituciones, participando en distintas mesas regionales, así como en los directorios de la Corporación Cluster Minero Región de Antofagasta; la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático; el Parque Astronómico Atacama; Hub Apta; PTI de Energía; PTI de Logística; y el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras (CIPTEMIN), entre otras instituciones. Además, pertenecemos a la Red de Gremios Regionales de SOFOFA, y a su Comité de Empresas Pequeñas y Medianas. Es a través de nuestra inserción social e institucional que hemos estado manifestando nuestras opiniones. Adicionalmente somos parte de “Antofa ¿Cómo Vamos?”, un conjunto de organizaciones del ámbito académico, ciudadano y gremial, que nace con el objetivo de monitorear y auditar el cumplimiento de los compromisos públicos y privados para mejorar la calidad de vida de la región de Antofagasta y ahí, indudablemente, entran las ideas y propuestas de los constituyentes electos, con quienes esperamos tener un buen diálogo.

¿Qué es algo fundamental que debe contener la nueva Constitución para permitir el desarrollo de la actividad privada?

Creemos que una nueva Constitución debe profundizar la modernización y descentralización del Estado en su rol regulador, fiscalizador y promotor del desarrollo de las pymes en general. Tiene que garantizar el derecho a la libertad de emprendimiento y asociación, además del principio de no discriminación en los roles de Estado empresario y emprendimiento privado, así como una expropiación justa y compatibilidad de provisión pública y privada de bienes públicos.

Creemos ser parte de un proceso histórico, en el que vamos a determinar el desarrollo de nuestro país para los próximos veinte o treinta años, y por ello consideramos necesario abordar este consenso sobre una serie de cambios que hay que hacer para optimizar la convivencia y aspirar a un nuevo período de paz y progreso económico y social”.