Por: Patricio Cartagena D., Abogado, Secretario General de la Cámara Minera de Chile
En agosto reciente, el Gobierno dio a conocer el envío del proyecto de ley sobre modernización del Estado que, entre otras materias, aborda el perfeccionamiento de los Gobiernos Corporativos de Empresas y Servicios Públicos. Se busca que las empresas públicas tengan mayor autonomía frente a los gobiernos de turno, fortalece la gestión de las empresas del Estado y asegura una mayor responsabilidad y sustentabilidad financiera de las mismas.
En cuanto a Enami, se proponen normas de una nueva composición y requisitos de su directorio. Siendo ello necesario, es absolutamente insuficiente para el rol de fomento productivo que despliega en todo el territorio nacional para la pequeña y mediana minería nacional.
El DFL N°153, de 1960, que crea la Enami, configura un modelo de fomento productivo único y excepcional, de gran reconocimiento en la minería global. El alcance de la función pública que fija, es hoy muy actual y virtuosa, al establecer que le corresponde fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país, producirlos, concentrarlos, fundirlos, refinarlos e industrializarlos, comerciar con ellos, o con artículos o mercaderías destinadas a la industria minera.
Con este marco regulatorio, estamos ciertos que los desafíos del sector requieren de un mayor desarrollo de la “Minería Nacional” (art.3 DFL N°153 de 1960), resolviendo ahora temas de fondo para un fortalecimiento institucional 4.0.
La relación con el dueño o la función de propiedad del Estado sobre la empresa debe ser modernizada, conforme al propósito normativo de fomento productivo, con una capitalización adecuada al plan anual de inversiones en los poderes de compra y plantas de beneficio; el foco de rentabilidad social sobre las utilidades y reinversión deben gobernar las evaluaciones en los indicadores claves de gestión y en el programa de endeudamiento que se requiera. Aquí es substantivo declarar que la política de fomento que fija el Decreto Supremo N°76 de 2003, sea totalmente financiada con recursos anuales del presupuesto fiscal, y no como ha ocurrido en la historia reciente (solo un poco más de un 1/3 de la inversión efectiva).
Esta modernización debe sustentar el desarrollo de la Minería Nacional para el largo plazo, promoviendo nuevas políticas, instrumentos e infraestructura en beneficio de un “sector minero Polimetálico” y debe realizarse por el Estado a través de una efectiva capitalización y/o apoyo en endeudamiento a la empresa, que permita modernizar los planteles productivos de Enami, fundamentalmente el cambio tecnológico que la Fundición Hernán Videla Lira requiere con urgencia e incorporar en su modelo productivo una capacidad de refinación necesaria para agregar más valor económico a sus procesos.
Para una debida política de exploración y desarrollo minero del sector, se requiere una mejor integración normativa de la Ley N°19.137 de 1992, establece Normas sobre Pertenencias Mineras de Codelco-Chile, que no forman parte de yacimientos en actual explotación.
Creemos que se debe acelerar y flexibilizar el traspaso de propiedad minera en manos del Estado, vía Codelco y Enami a productores de pequeña escala, en base a modelos asociativos, arrendamientos, opciones de compra u otras formas contractuales. No tiene sentido económico que el Estado concentre pertenencias mineras que por tamaño, prioridad o alcance productivo no sea de su interés.
Sobre el desarrollo minero del litio en nuestro país, sostenemos que no es necesario crear una nueva empresa pública para este fin, ésta ya existe, desde el momento que hemos descrito la función pública de Enami, ella debe encarnar este rol productivo, desde luego, dotándola de los recursos técnicos, geológicos y mineros necesarios.
A los propios activos mineros en litio que posee, debieran sumarse los proyectos y pertenencias de la Corfo y de Codelco, a fin de que sean gestionados con expertise minero y que Codelco priorice sus objetivos estratégicos en cobre (producción y gestión de costos en operaciones, acelerar proyectos estructurales, expandir los desafíos tecnológicos y consolidar la internacionalización con activos mineros que agreguen valor).
Contar con una Empresa Nacional de Minería 4.0, con este alcance, que sea sostenible, polimetálica y robusta, es una obligación de la política pública minera que debe considerar en forma esencial y urgente, a fin de capturar hoy toda la potencialidad que ofrece Chile como país minero que es.
