Nuevo Articulado del Impuesto Verde gravará el 95% de emisiones CO2 y 84% de las de material particulado

• Las nuevas disposiciones afectarán principalmente a la industria siderúrgica, cementera y minera, por las fundiciones

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer casi todas las modificaciones que realizó el Gobierno al articulado del proyecto actual, relacionado con el gravamen sobre las emisiones de CO2 y material particulado, más conocido como “impuesto verde” y que se encuentra vigente desde 2014. El cuerpo legal tiene como objetivo ir reduciendo de manera paulatina la emisión de gases de efecto invernadero.

El nuevo articulado aprobado ayer, propone una fórmula más eficiente que permitirá gravar el 95% de las emisiones de CO2, y el 84% de las de material particulado.

Además, las modificaciones entregadas por el gobierno la semana pasada, establecen principalmente tres modificaciones, las que fueron aprobadas: 1) Gravar las emisiones que se generan y no la capacidad instalada 2) Que empiece a regir en 2025 para permitir que las empresas puedan cambiar su tecnología; y 3) Que las empresas puedan compensar las emisiones con la reducción de similar contaminante en otro lugar.

Al término de la reunión, y en relación con el plazo que se da a las empresas (año 2025), el subsecretario de Medio Ambiente Felipe Riesco aclaró que, “En este impuesto se aplica el principio de gradualidad para promover la inversión. El objetivo es establecer un impuesto de forma tal que debiese dar un incentivo a las fuentes gravadas para reducir las emisiones y, que al final no paguen impuestos. Por eso se da ese espacio de tiempo”, explicó.

La Comisión de Hacienda aprobó, además, –previa votación de admisibilidad- una propuesta de los diputados de la bancada PS, Marcelo Schilling y Pepe Auth, que limita las compensaciones que pueda realizar una empresa a “la comuna o zonas aledañas”, para que el impacto positivo lo perciba la misma comunidad.

MODIFICACIONES RECHAZADAS

Aunque el apoyo a las modificaciones presentadas por el gobierno fue amplio, se rechazaron algunas normas, como aquella que señalaba que la emisión de contaminantes se mediría por “fuente o establecimiento”, por lo que quedará para los próximos trámites dirimir cómo se calculará ese gravamen. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en 2018 el Estado recibió de las 197 empresas incluidas en el catastro como contaminantes, una suma de US$ 188,3 millones, una cifra similar a la de 2017. Entre éstas hay más de 40 plantas termoeléctricas que pagan impuestos por tener emisiones en torno a los 40 millones de toneladas de CO2 anuales.

Respecto de esto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su parte,  aclaró que los sectores más afectados por este impuesto serán la siderurgia, el cementero y el minero por las fundiciones. “Aquí nadie se favorece, sino que se amplía el espectro, aquí no hay nadie a quien se le reduce el impuesto. El objetivo principal no es de recaudación, sino que de colocar los incentivos para que las empresas puedan ahorrar en emisiones o emitir menos”. (Fuente: Diario La Tercera y energiaestratégica.latam.com. Editado por S.R. Comunicaciones)