Por
Diego Hernández
Presidente de SONAMI
El Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares, en trámite en el Senado, constituye una seria amenaza para la minería nacional. Hemos planteado que es una iniciativa antiminería. Entre los problemas que presenta se cuenta uno básico, el pretender establecer una norma general para una materia que tiene múltiples particularidades. De hecho, la sola terminología representa un desafío, existiendo a lo menos 170 definiciones en torno a las crioformas y procesos criogénicos vinculados al mundo periglacial de la Cordillera de Los Andes.
La importancia de la minería para el desarrollo del país obliga a evaluar con especial cuidado ciertas iniciativas como ésta, que pueden poner en riesgo a la industria. La minería ha representado en promedio el 12% de los ingresos fiscales entre 2008 y 2018, el 60% de las exportaciones nacionales y el 11,4% del PIB, entre 2009 y 2018, además de generar más de 226 mil empleos directos hoy en día.
En Argentina, una ley similar fue promulgada en 2010, incluyendo glaciares y ambientes periglaciares, pero excluyendo el permafrost. Los resultados han sido nefastos porque no se ha cumplido con los objetivos de “inventariar” glaciares, las definiciones de la ley y el reglamento son imprecisas y, además, se paralizaron las exploraciones mineras en la alta cordillera, afectando el desarrollo de la industria.
Lo preocupante es que el proyecto de ley en nuestro país tiene grandes similitudes y en algunas materias incluso es idéntico a la norma argentina. Por ejemplo, las definiciones de glaciares y ambientes periglaciares son idénticas. Más aún, en el proyecto de ley chileno se agrega el permafrost, que fue excluido en la legislación trasandina.
Los impactos negativos que tendría esta iniciativa legal son de tal nivel, que durante las últimas semanas, fue el propio ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien expresó públicamente su preocupación y rechazo frente al proyecto, por cuanto su aprobación pondría en peligro más de 36 mil puestos de trabajo. Hemos sostenido reuniones con distintos actores, incluso hemos hecho una presentación ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, para presentar antecedentes que respaldan nuestra oposición al proyecto.
Como gremio estamos convencidos que Chile cuenta con los instrumentos suficientes para proteger el medioambiente, junto con una industria minera que ha realizado grandes avances para operar en forma sostenible. En consecuencia, el avance del proyecto de ley en cuestión tendrá como único efecto frenar el desarrollo del sector. Por ello, esperamos que el Congreso legisle bajo criterios técnicos y no en base a slogans y consignas desinformadas. (Editorial edición julio Boletín Minero)
