Minería, nacionalización y un llamado al sentido común

• Por Sergio Hernández, Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin

Algunas de las iniciativas aprobadas en general por las comisiones de la Convención Constitucional han levantado fuertes cuestionamientos, incluso al interior de la propia CC. En este sentido, las mociones de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico han logrado un protagonismo alarmante.

La más reciente propuesta de nacionalizar todas las empresas mineras ha causado revuelo. Más allá de cualquier romanticismo pasado, lo que preocupa es el contenido de la misma y los ejemplos que se han usado como referencia para promoverla.

Los plazos de la Convención se van acortando y todos los chilenos requerimos un trabajo serio y de largo plazo para construir un nuevo país más sustentable. En este sentido, la iniciativa nacionalizadora ha activado las alertas en dos ejes.

Primero, se deben considerar los inmensos costos que enfrentaría el Estado al hacerse cargo de un proceso de expropiación e indemnización masiva al conjunto de la minería privada. El nuevo Gobierno asumirá la conducción del país con una agenda social muy marcada y no puede desviar ni recursos ni energías de su mandato principal. Al respecto, la valorización de los activos de las principales empresas privadas de cobre suma decenas de miles de millones de dólares que el Estado no puede financiar, indudablemente, más de lo que representan el gasto público en salud, educación y previsión social.

Segundo, quienes conocen la actividad minera saben que financiera y técnicamente el Estado no cuenta con la capacidad de hacerse cargo de toda la minería del país. Ya bastante solo está Codelco haciendo ingentes esfuerzos sin apoyo financiero del Estado para sus nuevas inversiones.

A nuestro entender, la propuesta de expropiación en el mundo de hoy no es más que una muestra de ideología y voluntarismo que desconoce profundamente cómo se realizaría este proceso y qué consecuencias tendría para el país.

Necesitamos los capitales de países que tienen inversiones mineras en Chile, como Japón, China, Canadá, EEUU, Australia, que el Estado no tiene. Esos países son los mismos y muchos otros a los que exportamos vino, frutas, productos del mar, celulosa y muchos más. No pongamos en riesgo estas exportaciones que ayudan a la diversificación exportadora de Chile amenazando sus inversiones mineras. El mundo hoy es irreversiblemente global.

La actividad minera demanda inversiones de manera constante. Y esto requiere de un Estado que ofrezca certidumbres amplias y estables al inversionista que asumirá los riesgos. En este punto, la minería es particularmente sensible, más que cualquier otro sector.

Es muy atractiva la idea de repensar hacia el futuro cómo se hace minería en nuestro país, pero existen otros modelos con resultados mucho más armoniosos que la simple estatización. En ese sentido, como proveedores industriales de la minería hemos apoyado con decisión la Iniciativa Popular de Norma sobre Minería Sustentable, promovida por la red Compromiso Minero y que, con los pies bien puestos en la realidad, propone profundizar un modelo de minería chilena moderna mixto, que combina armoniosamente la actividad pública con la privada, el estricto respeto al medio ambiente y las relaciones con las comunidades.

Un detalle importante: de todas las IPN presentadas sobre el sector minero, esta sobre Minería Sustentable fue la que más apoyo popular logró, superando las 24.200 firmas.

Desde el desconocimiento, se podría asegurar que la minería es una actividad netamente extractiva, que hace todo mal, que solo contamina, roba recursos y no deja nada bueno al país. Una visión así no puede estar más equivocada. Hoy la minería no es la de antes, está progresiva y aceleradamente superando sus procesos contaminantes y, más aún, produce los minerales indispensables para frenar el calentamiento global para un planeta más limpio. Afortunadamente, lo que se aprobó no es vinculante, sino sólo un primer paso de algo que de aprobarse en el pleno y en el plebiscito de salida podría ser desastroso para los recursos tributarios que Chile necesita, para la existencia de muchos proveedores que apoyan el desarrollo minero, para el empleo y la Agenda Social.

En el caso de que se realicen cambios en materia minera a nivel constitucional, esperamos que estos tengan una mirada de largo plazo que potencie a la industria y su sustentabilidad económica, social y ambiental, aportando asimismo recursos para las regiones. Esperamos que el sentido común y la sensatez finalmente se impongan. (Publicado en La Tercera)