Maisa Rojas: “La transparencia y equidad en la tramitación ambiental de los proyectos de cualquier industria nunca han estado en discusión”

“No hay que olvidar que, como gobierno hemos dado señales importantes de estar haciéndonos cargo del déficit de productividad que el país arrastra hace más de 10 años. Un ejemplo de ello, en el marco del Royalty minero, es la disminución de los tiempos de tramitación de permisos para los proyectos de inversión”, dice la ministra de Medio Ambiente.

En entrevista con Boletín Minero, María Heloisa –Maisa- Rojas Corradi, ministra del Medio Ambiente se refiere a las modificaciones que está impulsando su cartera en la legislación ambiental y comenta las quejas del sector empresarial por los excesivos plazos en la otorgación de permisos.

“Como Gobierno buscamos modernizar la evaluación ambiental, mejorando las instancias técnicas, eliminando las instancias políticas y consagrando una rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental que permitirá asegurar que los organismos públicos actúen dentro de sus competencias y formulen observaciones claras sobre el cumplimiento de la normativa pertinente”, asegura la ministra Rojas.

“Como gobierno queremos más y mejor inversión. He dicho que enfrentamos una triple crisis. Para hacernos cargo de ella, necesitamos potenciar y fortalecer industrias claves, como la economía circular, el reciclaje, la restauración ecológica, la electromovilidad, la construcción de ciudades inteligentes, infraestructura verde, energías renovables, y también minería responsable porque necesitamos de cobre y litio para la transición energética”, afirma la ministra de Medio Ambiente.

Doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Se desempeñó como profesora asociada en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y como directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Sus áreas de investigación son paleoclima y cambio climático regional, y trabajó además en la evaluación de impactos en diferentes sectores, como agricultura y recursos hídricos, utilizando como herramientas de análisis los modelos climáticos numéricos.

GESTIÓN AMBIENTAL

¿Cómo definiría la gestión ambiental del gobierno del presidente Boric?

Nuestro objetivo como gobierno es avanzar en un desarrollo realmente sostenible y justo. A nivel global, y Chile no es la excepción, enfrentamos una triple crisis: la climática, de pérdida de biodiversidad y contaminación, las que tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Para enfrentarlos, hemos dado pasos concretos que permiten avanzar hacia un Chile más sustentable.

Un claro ejemplo de avance es que, luego de 13 años de tramitación en el Congreso, conseguimos la aprobación de la Ley para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), clave para enfrentar las crisis de pérdida de biodiversidad y climática, ya que dotará al país de un organismo exclusivo para gestionar de manera integrada las áreas protegidas. Con esto completamos el diseño original de reestructuración de la institucionalidad ambiental ideada el 2010.

También, publicamos la Ley Marco de Cambio Climático, en la que estamos trabajando con intensidad para implementarla de manera exitosa. Gracias a esta ley se establece la lucha contra el cambio climático como una política de Estado. Su puesta en práctica permitirá reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y así hacernos más independientes los combustibles fósiles y la incertidumbre de precios por vaivenes internacionales. La ley también dotará de mejores herramientas a los territorios para que sean más resilientes a los efectos negativos del cambio climático que, con fenómenos como incendios e inundaciones de los últimos años, se hacen más patentes que nunca.

Asimismo, nos encontramos implementando la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que nos permitirá fomentar la economía circular, disminuyendo los residuos que terminan en rellenos sanitarios y abriendo nuevas opciones de negocios innovadores asociados al uso de materiales secundarios o reciclaje en el país.

¿Cuál es su evaluación sobre el estado actual de la institucionalidad ambiental en Chile, especialmente en lo que respecta a su eficacia para facilitar o regular proyectos mineros de gran envergadura? ¿Qué cambios considera necesarios para mejorar su desempeño?

Este 2024 cumplimos 30 años de institucionalidad ambiental en el país desde la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), organismo con el que se dio el primer paso de la protección del medioambiente como un eje transversal en la acción del Estado. Luego, en 2010, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que es la institucionalidad que actualmente tenemos y, sin duda, ha permitido avanzar hacia un desarrollo sustentable.

A tres décadas de su creación, como Gobierno ingresamos un proyecto para mejorar la fiscalización y los incentivos al cumplimiento ambiental por parte de la SMA y también, un proyecto de reforma a la ley 19.300 para, entre otros objetivos, fortalecer y hacer más eficiente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este sería el tercer intento de reforma al SEIA, por lo que existe un diagnóstico transversal y ampliamente compartido que se puede mejorar la institucionalidad para contar con una mejor calidad de la evaluación y que ésta sea más expedita en tiempos y plazos.

PRIORIDADES DEL MINISTERIO

¿Cuáles son las iniciativas prioritarias que su Ministerio está impulsando para modernizar la institucionalidad ambiental en Chile, tanto desde lo legislativo como en la gestión interna?

Como señalé, ingresamos un proyecto de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que busca fortalecer y hacer más eficiente la institucionalidad del país. En ese proyecto proponemos una serie de mejoras que, creemos, son una oportunidad para alcanzar un gran acuerdo nacional. Tener una institucionalidad robusta y moderna permitirá reducir las incertidumbres, entregando certezas a todos los actores involucrados, incluyendo a la gran minería.

Y en la misma línea va la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que permitirá cuidar a las personas y el medioambiente, entregando certezas a todos los actores. Busca dar mejores herramientas que permitan a este organismo actuar de manera más eficiente y eficaz, mejorando la fiscalización y promoviendo el cumplimiento más que la sanción.

En términos de gestión interna, estamos mejorando el uso estratégico de una herramienta ya existente, denominada Programa de Regulación Ambiental, que organiza los instrumentos regulatorios del Ministerio cada 2 años. Estamos próximos a publicar el de los próximos dos años. Las normas que hemos aprobado y aprobaremos, permitirán avanzar en robustecer la regulación general del país, de modo que la evaluación no sea caso a caso para los proyectos de inversión, sino que contemos con estándares generales para el país y sus ecosistemas, lo que, por cierto, entrega certezas a todos los actores sociales.

Ante las críticas por la evaluación ambiental de proyectos mineros, ¿qué medidas está tomando el Ministerio para garantizar transparencia y equidad en estos procesos?

Creo que la transparencia y equidad en la tramitación ambiental de los proyectos, de cualquier industria, nunca ha estado en discusión. Contamos con una institucionalidad que establece los caminos que deben seguir los proyectos para obtener su resolución de calificación ambiental y las instancias de reclamación de las decisiones adoptadas, tanto en sede administrativa como judicial.

Dicho eso, como Gobierno buscamos modernizar la evaluación ambiental, mejorando las instancias técnicas, eliminando las instancias políticas y consagrando una rectoría técnica del Servicio de Evaluación Ambiental que permitirá asegurar que los organismos públicos actúen dentro de sus competencias y formulen observaciones claras sobre el cumplimiento de la normativa pertinente.

Hay quienes advierten un excesivo sesgo ambiental del gobierno que ha dificultado la aprobación de proyectos de inversión… ¿Qué piensa usted de esa crítica?

Primero, hay que decir que actualmente más del 90% de los proyectos que se tramitan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se califican de manera favorable, existiendo una tasa muy baja de rechazo.

Desde el gobierno tenemos la posición de que la evaluación ambiental –y en términos más amplios, los estándares ambientales- de los proyectos de inversión son una condición para alcanzar el desarrollo y no una traba para llegar a él.

En este sentido, la experiencia sobre evaluación de iniciativas demuestra que proyectos que están bien elaborados y con un buen relacionamiento comunitario «tienden a fluir en su evaluación”, tal como lo ha señalado la directora del Servicio de Evaluación Ambiental.

Como gobierno queremos más y mejor inversión. He dicho que enfrentamos una triple crisis. Para hacernos cargo de ella, necesitamos potenciar y fortalecer industrias claves, como la economía circular, el reciclaje, la restauración ecológica, la electromovilidad, la construcción de ciudades inteligentes, infraestructura verde, energías renovables, y también minería responsable porque necesitamos de cobre y litio para la transición energética. Chile es un ejemplo a nivel internacional sobre cómo con acuerdos público-privado se ha logrado la descarbonización de la matriz eléctrica. Esto demuestra que, con voluntad política, buenas prácticas y alianzas podemos avanzar a la velocidad requerida para generar soluciones virtuosas que sean económica y ambientalmente rentables.

Chile tiene la posibilidad de jugar un rol relevante en la transición energética y el combate al cambio climático al ser proveedor de minerales críticos como el litio, el cobre, tierras raras, entre otros, ¿considera que hoy existen las condiciones para aprovechar esas oportunidades y jugar un rol relevante, considerando la institucionalidad ambiental y las condiciones del país para atraer inversiones?

Sin duda, Chile posee minerales estratégicos para empujar la descarbonización y la carbono neutralidad a más tardar al 2050, que es la meta internacional alineada con la ciencia. En este sentido, se valora que el sector minero tenga compromisos para abordar el cambio climático que incluye varias empresas con metas cuantitativas de reducción de emisiones. Algunas empresas también tienen metas para reducción de uso de agua y minimización de impactos sobre biodiversidad. Avanzar en estas líneas de seguro que aumentará la competitividad del sector a nivel internacional. Además, no hay que olvidar que como gobierno hemos dado señales importantes de estar haciéndonos cargo del déficit de productividad que el país arrastra hace más de 10 años. Un ejemplo de ello, en el marco del Royalty minero, es la disminución de los tiempos de tramitación de permisos para los proyectos de inversión.

Tenemos claro que el litio es un mineral estratégico para el país, pero también sabemos que los salares son ecosistemas frágiles y únicos. Por eso, la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de esta industria, tiene un sello distintivo: compatibilizar la producción y la protección. Para ello, la estrategia plantea la minimización del impacto ambiental en aquellos salares en que exista exploración y explotación e incluye, diría que, de manera inédita en una estrategia productiva, la protección de un 30% de los salares pre y altoandinos. Esta cifra es coherente con los compromisos que Chile ha adquirido a nivel internacional en la Convención de Diversidad Biológica respecto a la meta mundial de proteger el 30% de los ecosistemas al 2030.

Como país tenemos la oportunidad de avanzar en la agregación de valor en las diversas etapas de la cadena productiva del litio. Es decir, esperamos que el proceso de transición energética sea una posibilidad de instalar las bases para un modelo de desarrollo sostenible para el país, que aspira a complejizar y diversificar la matriz productiva y que ofrece múltiples opciones de negocios e inversiones verdes.

LEGADO GOBIERNO DEL PRESIDENTE BORIC

¿Cuál espera que sea el legado del gobierno del presidente Boric en materia ambiental?

Estoy convencida de que dejaremos un legado ambiental como gobierno muy relevante para el país. Tal como lo señalé al comienzo, en los temas más urgentes, como el cambio climático, estamos implementando la ley que establece que hacernos cargo de las consecuencias del cambio climático, es una política de Estado, independiente del gobierno de turno. Eso, sin duda, es muy relevante. No olvidemos que el Informe de Percepciones de Negocios que realiza el Banco Central muestra que la mayoría de las empresas ya se ha visto afectada en alguna medida por un evento climático extremo y que ello ha tenido como impacto principal un aumento importante en los costos de sus insumos.

En biodiversidad, instalaremos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que permitirá gestionar la biodiversidad del país; y en temas de contaminación, estamos implementando la ley REP y tramitando el proyecto de residuos orgánicos.

Pero, de manera más amplia, hemos afirmado y trabajado para mostrar que crecimiento económico y cuidado del medioambiente no pueden ser opuestos, sino que deben integrarse para que, efectivamente, avancemos hacia un desarrollo sustentable que se haga cargo de las crisis ecológicas que enfrentamos, mejore la calidad de vida de las personas y resguarde el patrimonio natural del país, clave para nuestro futuro como nación.

¿A qué apuntan las modificaciones a la ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente?

Uno de los aspectos principales de la reforma es mejorar y hacer más eficiente el SEIA. Tras 30 años de funcionamiento, su modernización permitirá optimizar los procesos tendientes a prevenir los impactos ambientales y a hacer más eficiente el sistema.

Para ello, el proyecto de ley presentado al Congreso contiene un conjunto de medidas. Entre estas, se busca racionalizar las observaciones que los servicios presentan a los proyectos sometidos al SEIA, de modo que los titulares de proyectos respondan observaciones bien fundadas, y dentro de las competencias de cada servicio, en atención a la normativa ambiental. A esta facultad le hemos denominado “rectoría técnica” del SEA, que esperamos que tenga una disminución en los plazos de suspensión que los titulares solicitan en el marco del SEIA y que constituyen el mayor tiempo de evaluación.

Asimismo, es posible identificar que en la actualidad las Resoluciones de Calificación Ambiental se ven sujetas a un procedimiento engorroso de impugnación posterior, carente de certeza jurídica y con amplios plazos de resolución. Por esta razón, el proyecto propone un recurso único de reclamación, poniendo fin a la doble vía que constituye la invalidación, con plazos realistas y acotados, resguardados por la institución del silencio negativo. Esta reforma tendrá un impacto positivo en dar estabilidad y certezas a las RCA.

Además, se propone fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos, para lo que se eliminará el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental (COEVA).

Además, se creará un procedimiento voluntario de participación temprana. Así, los inversionistas podrán mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo al ingreso al sistema. Existirán reglas claras para la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario y, cuando se judicializan, retrasan la tramitación de los proyectos. De esta manera, prácticas ya asentadas en sectores productivos como la minería, obtendrán un reconocimiento legal y estándares claros para el fortalecimiento de los proyectos.

De igual modo, se entregan certezas en materias como la revisión extraordinaria de una RCA, tipologías de ingreso, término anticipado de la evaluación, consultas de pertinencias. Se crean reglas especiales de disminución de plazos de evaluación para necesidades públicas urgentes o en el caso de que existan instrumentos de ordenamiento territorial.

¿Cree que en un año electoral se puede avanzar?

Creo que es imprescindible avanzar. Como gobierno seguiremos impulsando las transformaciones que el país necesita para mejorar la calidad de vida de las personas. (Fuente: Boletín Minero, SONAMI. Editado para www.guiaminera.cl)