¿Le conviene realmente al Estado y a SQM asociarse para explotar conjuntamente el Salar de Atacama?

• Por Andrés González, Analista Senior de Industria de PlusMining

Probablemente el hito de mayor relevancia de la Estrategia Nacional del Litio es que el Estado, representado por Codelco, se haga cargo de la explotación del Salar de Atacama a partir de 2031, una vez que expire el actual contrato de arriendo de SQM con Corfo. Para esta tarea, buscará un socio estratégico, siendo SQM naturalmente el más indicado.

Si bien en un principio se puede anticipar que una política de este tipo es nociva para los intereses privados y provechosa para el Estado, un análisis ponderado de la situación actual y potencial no necesariamente conduce a tales conclusiones.

En el caso de SQM, la reacción inicial fue absolutamente negativa, perdiendo cerca del 15% de su valor en bolsa. Sin embargo, con el paso de los días el mercado advirtió su sobrerreacción y la empresa recuperó progresivamente su valor. Posteriormente, algunas entidades financieras como Fitch Ratings y Deutsche Bank plantearon que un eventual acuerdo puede en realidad convenirle, lo que se basa fundamentalmente en tres aspectos.

En primer lugar, SQM tendría la seguridad de que continuaría operando en el Salar de Atacama con posterioridad a 2030, lo cual ha sido la principal fuente de incertidumbre de la empresa. En segundo lugar, podría allanar un incremento de la cuota de producción, lo que aumentaría el tamaño de “la torta” a repartir. En tercer lugar, podría derivar en una reducción del pago de rentas de arrendamiento a Corfo. Todas estas consideraciones en su conjunto podrían compensar el deterioro por una pérdida del control operacional y otros posibles costos de asociarse con Codelco en la explotación.

De otro lado de la vereda, en el caso del Estado, la respuesta no es totalmente clara. A partir de la negociación del contrato de arriendo entre SQM y Corfo en 2018 que estableció una tasa de arrendamiento de hasta 40% según el precio de los productos de litio, Corfo se quedó con el 31% de los ingresos ordinarios de SQM Salar en 2022. Si a esto sumamos pagos por Impuesto a la renta, Impuesto Específico a la Actividad Minera e Impuesto Adicional, llegamos al 50% de los ingresos ordinarios, y al 55% de la ganancia bruta.

Se puede argumentar que, 2022 fue un año de precios excepcionalmente altos, y lo fue, pero incluso, revisando la situación entre 2018 y 2021 vemos que el Estado se ha quedado con un porcentaje entre el 47% y el 64% de la ganancia bruta anual de la empresa. Es decir, el Estado ya captura la mayor parte de la renta de SQM Salar.

En consecuencia, cabe preguntarnos si existe una ganancia significativa para el Estado de entrar a la operación. Si bien sería dueño de, al menos, la mitad de “la torta”, ésta ya la captura vía pagos a Corfo e impuestos. Por otra parte, seguiría cobrando tributos y pagos a la parte correspondiente a SQM Salar, pero la ganancia se vería limitada considerando que es improbable que los pagos actuales a Corfo se mantengan en los mismos términos. En paralelo, podría derivar en mayores costos laborales en caso de que los trabajadores de SQM Salar quisieran acceder a los beneficios de Codelco, que hoy no tienen, junto a posibles pérdidas de eficiencia de una asociación público-privada que reduzcan los márgenes.

Ante esto, si el Estado buscaba quedarse con parte aún mayor de la renta de SQM Salar, tal vez el camino más apropiado sería simplemente facultar a Corfo para renegociar nuevamente el contrato de arriendo con la empresa en condiciones aún más ventajosas en lugar de entrar directamente en la explotación.

Ahora bien, es posible que existan otros beneficios no necesariamente monetarios para el Estado, partiendo porque tendría una participación significativa en un recurso considerado como estratégico a nivel mundial, otorgándole un mayor poder de negociación a nivel geopolítico. Sin embargo, también plantea posibles costos y desafíos, incluyendo una posible pérdida de foco de Codelco de entrar al negocio del litio, cuando enfrenta enormes desafíos en sus proyectos estructurales de cobre o lidiar con el históricamente tenso diálogo con las comunidades atacameñas de la cuenca del salar.

Ante esto, no es tan evidente que exista una ganancia significativa para el Estado con el control de SQM para explotar el Salar de Atacama. Más aún, existen riesgos considerables que podrían anticipar una situación, incluso, desventajosa respecto de la situación actual. Esto dependerá fundamentalmente, del resultado de las negociaciones en curso entre Codelco y SQM, así como del devenir corporativo y financiero de Codelco en los próximos años.