- Por Sandor Mulsow, Geólogo Marino y Profesor Titular de la Universidad ACH Valdivia-Chile.
El hecho de que solo unos pocos países desean explotar el patrimonio común compartido sin el consentimiento de cada ciudadano de este planeta, para su beneficio económico solamente, constituye un problema geo-ético mundial.
Los océanos internacionales no tienen fronteras geopolíticas ni físicas. Aunque cubren el 70 por ciento de la superficie de la Tierra, su volumen es mil veces menor que el volumen del planeta. No obstante, el agua líquida, superficial y abundante que contienen es la única diferencia entre un planeta habitado por especies biológicas -incluido el hombre- y todos los otros planetas del sistema solar.
Restando las zonas económicas exclusivas y reclamaciones de plataforma continental extendida, queda solo 37 por ciento de esa superficie, el ÁREA – CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), bajo la jurisdicción internacional, y es aquí donde se quiere permitir minería submarina para el beneficio de industrias privadas.
A la fecha hay 31 contratos vigentes de exploración para explotar los fondos oceánicos en el ÁREA. Están distribuidos en los océanos Pacifico, Índico, Atlántico y del Sur (Antártico). Entre los hábitats a intervenir están las planicies submarinas (con 19 contratos para explotar nódulos de manganeso), las dorsales oceánicas (7 contratos para sulfuros polimetálicos) y los montañas submarinas (5 contratos para costras polimetálicas de cobalto).
Todos los minerales que se buscan en los océanos existen en tierra firme. No existe aún un código minero creíble para ninguno de los 3 tipos de minería. El borrador que se quiere aprobar ha sido escrito por un solo abogado; Mr. Brown, ¡quien es experto en royalties musicales! No existen suficientes datos para poder establecer normas mínimas de intervención ambiental. No existe ninguna información ambiental con un marco temporal; tasas de cambios de las funciones ecológicas. No existe suficiente granularidad de los muestreos ambientales en ningún contrato; una sola muestra cada 50 kilómetros cuadrados es la mejor. No existe ningún tipo de monitoreo ambiental independiente sistemático de ninguna de las zonas contratadas. Sobre esta realidad científica ambiental se pretende autorizar minería submarina en el ÁREA.
Todos los hábitats y los ecosistemas de los fondos oceánicos son patrimonio común de la humanidad (PCH), así lo establece la CONVEMAR. Esta última mandata a la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM) a proteger este patrimonio para las futuras generaciones. La AIFM, desde 2016, asume como Secretario General, ciudadano británico que ha empujado a realizar minerías submarinas en el ÁREA en forma exclusiva, en sintonía con empresas privadas: The Metal Company (Canadá), GSR (Bélgica) y recientemente Loki (Noruega). Claramente, se trata de una estrategia oportunista de países industrializados para destruir los fondos oceánicos con un solo objetivo: ganancia a corto plazo sin ninguna justificación científica, ecológica ni financiera.
El hecho de que solo unos pocos países desean explotar el patrimonio común compartido sin el consentimiento de cada ciudadano de este planeta, para su beneficio económico solamente, constituye un problema geo-ético mundial.
Por todo ello, la minera submarina no puede tener cabida hoy ni mañana. Una moratoria de tres décadas es la única alternativa para poder proteger ese patrimonio común compartido para las futuras generaciones, como claramente lo comanda la CONVEMAR. Solo así podremos explorar debida e independientemente el ÁREA para proteger este patrimonio y compartirlo con las futuras generaciones.
(Publicado en https://museodecienciasambientales.org.mx/opinion/opinion-040 y reproducido con autorización del autor).
