- Por Jorge Riesco, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.
Chile se encuentra en un momento crucial respecto a la explotación de uno de sus recursos naturales más valiosos: el litio. En abril de 2023, el Presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, una política que inicialmente recibió reacciones mixtas debido a su vaguedad y falta de detalles concretos.
La intención de asociar al Estado con entidades privadas para explorar y explotar yacimientos de litio fue bienvenida, reconociendo la necesidad de aprovechar las capacidades técnicas ya existentes. Sin embargo, la propuesta de crear una empresa estatal dedicada exclusivamente a este propósito y la intención del Estado de obtener la mayoría de la propiedad en los proyectos generó dudas y cuestionamientos.
Un año después del anuncio, los avances concretos se limitan a un acuerdo entre SQM y Codelco, en el Salar de Atacama, considerado positivo para consolidar la producción de litio en esta región. No obstante, la falta de progresos en otros depósitos de igual relevancia deja mucho que desear. La rapidez con la que Corfo resolvió la situación en el Salar de Atacama se debe, en gran medida, a las concesiones que ya incluían al litio. Para otros depósitos, se requiere una autorización específica para la explotación del litio, un proceso que aún no está claro ni en su forma ni en su tiempo.
La industria del litio no puede depender únicamente del Estado. La burocracia y la lentitud inherentes a los procesos estatales son contrarias a la urgencia que requiere el desarrollo de esta industria para aprovechar las oportunidades globales del mercado. Por lo tanto, es esencial continuar avanzando en fórmulas que faciliten la asociación público-privada.
Una pieza clave de esta estrategia debería ser el otorgamiento de un papel significativo a las entidades privadas. Estas ya cuentan con experiencia y concesiones en depósitos como el Salar de Maricunga. La legislación chilena ofrece herramientas para otorgar derechos a los privados con garantías adecuadas en términos económicos, ambientales y comunitarios. El hecho de que el litio no sea concesible no debe implicar que los privados no puedan explotarlo o que el Estado deba asumir la propiedad mayoritaria.
El acuerdo reciente en el Salar de Atacama, basado en la propiedad de Corfo sobre las concesiones de litio, ha demostrado la eficacia de las concesiones mineras para este recurso. La estabilidad en la explotación por un período prolongado es beneficiosa tanto para el país como para la industria.
Para evitar que la capacidad futura de producción de litio se traslade a países como Australia, Estados Unidos, Canadá, China o Argentina, donde las restricciones para los privados son menores, Chile debe realizar cambios sustanciales en su estrategia. La realidad es que, sin estas modificaciones, corremos el riesgo de perder una ventaja competitiva vital en el mercado global del litio. (Editorial. Boletín Minero. SONAMI)
