- Por Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería
Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre y los ya evidentes signos de recesión económica, con alta inflación, han generado un nuevo “momento político” en el país, que espera la definición de un procedimiento adecuado para la conclusión del proceso constitucional. Está claro que la “mayoría silenciosa” del país quiere cambios, pero con moderación y gradualidad.
En lo que atañe a nuestro sector, esperamos que el Gobierno dirija su gestión a la atención de los problemas más inmediatos que enfrentan las empresas, incluidas las de menor tamaño. Entre éstos, desgraciadamente ha tomado mucha relevancia la inseguridad frente a acciones delictuales, algunas con grave amenaza a la vida de trabajadores y de pequeños mineros. Otros, relacionados especialmente con la normativa vigente, redundan en una difícil relación con los organismos públicos para obtener autorizaciones ambientales y permisos para operar, que resulta aún más agobiante en un contexto de volatilidad de precio internacional de los productos y alza de costos. Celebramos el establecimiento de una mesa de trabajo para la pequeña minería, que permitirá analizar y abordar estos temas a su respecto, y estamos disponibles para replicar esta iniciativa para empresas de mayor tamaño.
También, esperamos que el Gobierno reconsidere algunos supuestos contenidos en la Reforma Tributaria, especialmente en lo relativo al componente ad-Valorem que consigna el proyecto de ley sobre royalty minero, atendido el impacto que este tributo tendría en la competitividad de Chile, como país atractivo para atraer inversión minera. El ministro Mario Marcel, si bien defiende los “pilares” de la Reforma, se ha mostrado abierto a modificaciones. “Nosotros no estamos todavía satisfechos con lo que está en los proyectos”, afirmó el Secretario de Estado en agosto pasado y anunció una serie de modificaciones, que incluyen ajustes al royalty minero para no afectar a nuevos proyectos o proyectos de expansión.
Si bien consideramos que estas indicaciones van en la línea correcta, lamentamos que el gobierno insista en el componente ad-Valorem. No obstante lo anterior debemos destacar la disposición de diálogo y de escuchar que ha manifestado el ministro Marcel.
Con ocasión de nuestra exposición ante la Comisión de Minería del Senado, el vicepresidente Cristián Argandoña alertó a los parlamentarios que “Entre 2011-2013 Chile tenía el 32% de la producción mundial, hoy sólo el 27% y disminuyendo”, afirmó el ejecutivo.
Acotó que hasta julio de este año, “se aprecia una reducción de más de 6% de la producción respecto del año anterior”.
Argandoña añadió que, por cada millón de toneladas adicionales de producción de cobre por año, “el país podría recaudar más de US$ 1.268 millones anuales, con un precio promedio de US$3,61/Lb”.
Es decir, creemos que es prioritario incrementar la inversión, más aun en un periodo económico complejo como el que el que se avecina. Para ello, se debiera explorar otras medidas para incrementar la recaudación tributaria, como por ejemplo adecuar el diseño y cuantía del royalty, eliminando factores que discriminan las operaciones menos eficientes (Ad Valorem) y permitiendo la deducción de la depreciación y los gastos de organización y puesta en marcha, como asimismo es necesario no superar las cargas tributarias de países con los cuales competimos en materia minera.
Junto con despejar la incertidumbre tributaria, es perentorio despejar las trabas existentes en el sistema de otorgamiento de autorizaciones ambientales. Estamos convencidos de que se puede lograr un sistema más expedito, cuidando de mejor forma el cumplimiento de los estándares requeridos. (Editorial Boletín Minero octubre)
