JOSE ANTONIO KAST (N°2): “Diversificar la producción minera de Chile, para no depender solo del cobre”

•  “Para entender y operar la Industria 4.0 es un prerrequisito que todos los trabajadores estén digitalizados. La digitalización es el equivalente del siglo XXI a la alfabetización de los siglos XIX y XX e implica aumentar el potencial de cada persona y de toda la sociedad”, dice.

En 204 páginas, el candidato del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, expone el programa para un eventual gobierno bajo su mandato. En más de 20 capítulos expone los principales lineamientos en cuanto a tamaño del Estado, Educación, Salud, Seguridad y otros.  Sobre la industria minera se explaya en varios de ellos. Además, el sector está involucrado en temáticas transversales, como el medio ambiente, agua, inversiones y hasta en el ”capitalismo popular” que Kast propone, para que los ciudadanos puedan participar en la propiedad de empresas como Codelco, Enap, etc. Esto es lo más relevante para la minería en su propuesta programática:

“En relación a la producción minera, anhelamos que “el sueldo de Chile” llegue efectivamente a todos los ciudadanos, sin la intermediación de la burocracia estatal, para lo que proponemos aplicar una política de Capitalismo Popular. Las empresas del Estado deberán emitir acciones que podrán ser adquiridas por todos los ciudadanos mayores de edad que deseen participar de la propiedad de dichas empresas, las que se cancelarán con cargo a sus dividendos.

Finalmente, no es concebible el desarrollo económico SIN sustentabilidad, cuidado del Medio Ambiente y responsabilidad social. Profundizaremos las políticas existentes de industrialización con la responsabilidad social, mitigación de pasivos ambientales, uso responsable del agua y la energía, y el desarrollo armónico de las comunidades. Del mismo modo, procuraremos eliminar toda contaminación proveniente de los efluentes del proceso industrial y minero”.

PROPIEDAD PRIVADA

“Garantizar la libertad de emprendimiento mediante un apego irrestricto al Estado de Derecho, la propiedad privada, la libre competencia y el libre comercio, en un marco de apertura al comercio internacional. Mantener y profundizar los Tratados de Libre Comercio con todos países del mundo.

Incentivar la inversión mediante exenciones tributarias a las empresas que reinviertan utilidades en las propias compañías.

Atraer inversión extranjera mediante convenios con el Estado que establezcan un marco tributario y de retiro de utilidades que dé seguridades a los inversionistas.

Adhesión explícita a la Revolución Industrial 4.0: La RI 4.0 requiere la formación de redes de distintos sectores productivos que se integran en un ecosistema. La complejidad de este proceso invita a que el Estado actúe como articulador y ponga a disposición recursos públicos para implementar la digitalización de la industria. Las políticas de desarrollo industrial no se establecen en forma espontánea y requieren una acción decidida del Estado que estimule el emprendimiento y diseñe una hoja de ruta que muestre con claridad la opción por la RI 4.0.

Focalizarse en programas colaborativos de sectores industriales (ecosistemas) y no en sectores específicos: No aplicar una política de escoger sectores ganadores (“picking the winners”) por la vía de la focalización de subsidios en sectores seleccionados a nivel central, por especialistas de gobierno. La lógica de la política está orientada a utilizar instrumentos y subsidios intraindustriales focalizados en programas de entrenamiento colaborativos, la coordinación de cadenas complejas de abastecimientos, la difusión de las mejores prácticas productivas del sector y la identificación y eliminación de cuellos de botella que bloquean la innovación. Como parte de los programas, el Estado podrá complementar con las inversiones públicas que se necesiten (por ejemplo, carreteras, infraestructura portuaria, etc.).

La aplicación de políticas específicas que incentiven el ingreso a la R I 4.0: Estas son (i) Depreciación Acelerada de las inversiones en tecnología, equipos, maquinaria vinculadas a la RI 4.0, incluyendo activos intangibles (software y sistemas de TI); (ii) subsidios a la tasa de interés de créditos bancarios para compra de tecnología 4.0; (iii) programa de becas para formación de personal en tecnología 4.0; (iv) mantención y profundización de convenios con centros internacionales de investigación aplicada como CSIRO, Fraunhofer, entre otras.

Introduciremos un nuevo concepto del proceso manufacturero, mediante el que definimos como la producción bienes que acumulan información a medida que se producen y complejizan. A mayor transformación, mayor acumulación de información; por tanto, no siempre su aspecto externo es indicativo del valor agregado en dicho producto.

Capacitación de Capital Humano: Capacitación de trabajadores, pasantías para jóvenes, reentrenamiento de trabajadores, entre otras. Dado que vamos a un mundo digital, toda la sociedad se tiene que digitalizar. Además, para entender y operar la Industria 4.0 es un prerrequisito que todos los trabajadores estén digitalizados. La digitalización es el equivalente del siglo XXI a la alfabetización de los siglos XIX y XX e implica aumentar el potencial de cada persona y de toda la sociedad.

Complementario a lo anterior, nos proponemos aumentar significativamente el número de liceos técnico-profesionales vinculados a la industria y que imparten “educación dual”, es decir, formación que se desarrolla en salas de clases y también en empresas industriales. Esta metodología se introdujo en Chile en 1992, siguiendo el modelo alemán, y existen liceos industriales que imparten formación en distintas especialidades, como son: Elaboración Industrial de Alimentos, Electricidad, Mecánica, Agrícola, entre otras. Estos liceos están sustentados en la actualidad por la Fundación Chile Dual, con la participación del Banco de Chile, SK, Nestlé, Addeco, Enaex, CGE, Epiroc y la SOFOFA. En total hay en la actualidad 229 liceos con formación dual en todo Chile.

EMPRESAS DEL ESTADO

Análisis de la viabilidad financiera de las empresas del Estado: Las empresas del Estado son 32, muchas de las cuales no tienen viabilidad económica y son una carga financiera para las cuentas fiscales. Se propone evaluar cada caso desde el punto de vista de su factibilidad económica y social, vendiendo aquellas que se demuestren no viables, ofreciendo un plan de retiro a sus trabajadores de acuerdo a la Ley. Se excluyen de esta política las empresas que son estratégicas para la seguridad nacional (FAMAE, ASMAR, ENAER).

Programa de oferta de acciones de empresas del Estado a la ciudadanía: Se propone ofrecer un porcentaje de la propiedad accionaria de las empresas con viabilidad económica a chilenos mayores de edad, con límites en la adquisición individual de forma de atomizar la propiedad. Las acciones se entregarán de manera gratuita, y estas serán pagadas vía la retención de sus futuros dividendos hasta la extinción de la deuda.

Financiamiento de empresas del Estado mediante la venta de bonos convertibles: Complementario al programa anterior, se propone que las empresas del Estado con viabilidad económica financien inversiones con la venta de bonos convertibles8. En este caso, una proporción del valor nominal del bono podría financiarse con la retención de la renta pactada en el documento. Al término del plazo pactado en el bono, el poseedor tendría la opción de recuperar el valor nominal del mismo en dinero o en acciones.

Crear fondos concursables para investigación en tecnología industrial, patrocinados y financiados por empresas privadas y aportes de CORFO, que haga además uso de los recursos generados por el pago del royalty minero y a los cuales sea posible acceder mediante concursos abiertos, con foco en el desarrollo de aplicaciones susceptibles de ser aprovechadas por la industria en el corto plazo.

Acorde con lo anterior, se proveerán créditos CORFO con tasas de interés preferenciales, para ayudar a la reconversión de fábricas e instalaciones industriales.

Toda actividad económica y, particularmente, la industria manufacturera y minería se compromete con la comunidad nacional a promover la sustentabilidad de largo plazo: Esto incluye crecimiento económico con cero huellas de carbono y pasivos ambientales, explotación sostenible de los recursos naturales, responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras e inclusión social.

Uso del agua y la energía: Compiten por estos recursos la minería con la agricultura, el turismo y la vida en los centros urbanos. Postulamos formular un plan armónico de uso de estos, como centrales hidráulicas para generar energía, agua para riego, procesos mineros y consumo humano.

Desarrollo armónico de comunidades: Las comunidades donde se desarrollan actividades económicas (industria manufacturera, minería, otras) deben ser consultadas en cuanto las externalidades positivas y negativas que experimentan. Un proyecto sustentable debe ser medido por el correcto uso de los recursos naturales, humanos, y su interacción con su entorno y las medidas de mitigación de externalidades negativas contempladas, con la participación activa de los gremios mineros e industriales. Proponemos que las industrias manufactureras y mineras paguen sus derechos municipales en las comunas donde se realizan sus faenas productivas o extractivas, para traer el beneficio de sus aportes a las comunidades residentes”.

OTROS MINERALES

“Diversificar la producción minera de Chile: Avanzar en la explotación de otros minerales, como uranio, cobalto, selenio, indio y otros, que nos permitan no depender solamente del cobre y molibdeno y enfrentar mejor los mercados, transformando a CODELCO en una empresa minera diversificada.

Mejorar los mecanismos de formación de empresas filiales de CODELCO bajo la forma de “Asociaciones con terceros”: El Código de Minería permite la formación de sociedades entre CODELCO y empresas privadas, que se constituyen como filiales y en cuyos directorios participan directores o ejecutivos de la minera estatal. En la actualidad existen filiales en distintos rubros, que van desde mineras, de energía eléctrica, desarrolladoras de nuevos usos del cobre, investigación y tecnología, hasta plantas de procesamiento de minerales, puertos y entidades de salud. Proponemos privilegiar esta fórmula, que introduce la racionalidad de la empresa privada en la gestión de la industria minera, con el consiguiente aumento de eficiencia y rentabilidad.

Reconvertir las refinerías estatales (ENAP): La conversión de las actuales refinerías hacia una industria petroquímica que permita utilizar el conocimiento y la capacidad del talento local, junto con generar una industria que permitan favorecer el desarrollo de otras empresas de nicho, o capaces de producir suministros para la minería, donde existe un alto consumo de derivados del petróleo que son importados en su totalidad, permitiría aprovechar esos recursos en apoyar otras áreas de la industria, generando empleo, una potencial oferta exportable de alto valor y trascender a la vida útil de los yacimientos en explotación.

Una política estatal, de terminar con la contaminación producida por las empresas estatales y privadas que no sufren multas ni sanciones por contaminar.

La reorientación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) como promotor de la transferencia de tecnología: ENAMI debe transformarse en un ente promotor de una minería más moderna, sustentable y de mayor valor agregado, con una política de fomento dirigida a levantar una pequeña y mediana minería más moderna y eficiente, con un mayor nivel de profesionalización.

Implementación de plantas de tratamiento a cargo de ENAMI: Revisar las plantas que tiene ENAMI para convertirlas en instalaciones que agreguen valor a las producciones de la pequeña minería y dotarlas de la tecnología necesaria y suficiente para otorgarle la competitividad necesaria para su participación en el mercado”.