Jorge Castillo advierte los impactos de la nueva ley sobre delitos económicos en la industria minera

• El director ejecutivo del Centro de Arbitraje y Mediación Minero (CAMMIN) hizo un llamado a la industria a precaver posibles conflictos por la nueva normativa, al participar en un simposio destinado a analizar la Ley 21.595, que considera multas de hasta 120.000 UTM. 

El Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN, representado por su director ejecutivo Jorge Castillo Luco, participó en el 1° Simposio «Nueva Ley de Delitos Económicos y Ambientales: Sus Impactos en la Industria», ocasión en la que hizo un llamado a la industria a precaver posibles conflictos por la nueva normativa.

Castillo Luco explicó que conforme la nueva normativa, ley 21.595, que regula los denominados «delitos económicos», la gestión de Compliance se ve robustecida. Para quienes no son expertos en el tema, el término Compliance (o cumplimiento) puede ser definido como la función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

«En base a lo anterior, todas las empresas, en un plazo de 12 meses, están obligadas a adaptar sus actuales Modelos de Prevención de Delitos, ya que se suman del orden de 200 delitos y se regulan orgánicamente los delitos medioambientales, todos los cuales vinculan con la ley 20.393. Las multas alcanzarán hasta 120.000 UTM», advirtió el abogado y director ejecutivo de CAMMIN.

Agregó que, de acuerdo con ello, no solo es el momento de adaptar los Modelos de Prevención de Delitos, en lo formal y en Sustentabilidad, sino llevarlos a su vez en la línea de Certificar los tres procesos relevantes para todo el ecosistema minero, como elemento de cautela de valor permanente en el tiempo, incluyendo a colaboradores y el entorno minero completo.

DEBE HABER UN CAMBIO CULTURAL IMPORTANTE

Castillo Luco precisó que, debe haber un cambio cultural importante que fusione a las Unidades de Sustentabilidad en Operaciones con las áreas de Compliance, ya que se debe generar una nueva cultura de valor y protección jurídica, considerando un nuevo actor en materia de investigación penal, nada más ni nada menos que el Ministerio Público como entidad persecutora de responsables penales.

En rigor, se vienen gran ajuste como lo fuera la inclusión en materia de accidentes graves o fatales del propio Ministerio Público en la comisión de delitos asociados a la lamentable pérdida de vidas humanas hace décadas, lo que viene a constituir en consecuencia la imperiosa necesidad de contar con evaluaciones periódicas por terceros independientes y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones que logren comprender, modelar y estar abiertamente sensibilizados con el mundo minero», aseveró el director ejecutivo de CAMMIN.

Finalmente, Jorge Castillo invitó a los asistentes a acercarse al Centro de Arbitraje y Mediación Minero, CAMMIN, en su calidad de tercero independiente, compuesto por expertos del sector de recursos naturales y «que han generado una serie de herramientas que ayudarán a las partes no solo a prevenir estos potenciales delitos, sino que las drásticas consecuencias que pueden tener para los representantes en base a una adecuada gestión de soporte en la materia».