Resulta sorprendente la falta de visión del gobierno en la adjudicación de los fondos para crear el Instituto de Tecnologías Limpias a un consorcio de universidades americanas, creado en 1946 para la colaboración en ciencia pura, y a un grupo de universidades privadas chilenas sin ninguna trayectoria relevante en el foco del Instituto.
La única liga mundial en donde Chile juega es la minería. Y la única forma de ir más allá de la minería, es justamente invirtiendo en soluciones innovadoras sobre la base de las capacidades locales, ciertamente en colaboración con actores extranjeros. El sector minero, incluidos proveedores y academia, lo comprendió hace años desplegando un trabajo de manera articulada para fortalecer el ecosistema de innovación en torno a una minería virtuosa que permita crear soluciones orientadas a la productividad y sostenibilidad de base tecnológica y una plataforma de servicios exportable como propósito concreto. Esto, a su vez, es el camino obvio para Chile para transitar desde los recursos naturales a la economía del conocimiento.
A esto, se suman las posibilidades que le brinda al país nuestra competitividad en energías renovables y la apuesta por el hidrógeno verde.
El sector minero chileno debió vencer importantes dificultades para finalmente llegar a generar la asociatividad necesaria, pública y privada, para dar el gran salto que permita generar conocimiento y tecnologías de punta en una actividad estratégica para Chile.
La decisión conocida a principios de la semana pasada es un portazo a estos esfuerzos y, paradójicamente, a los del propio gobierno que esta por anunciar la Política Minera al 2050, a cuya elaboración se ha dedicado desde que asumió.
La necesidad de revisar esta decisión en su fondo y también en lo procesal, es urgente. Las opciones además no son blanco o negro, existen amplias posibilidades de lograr una solución que beneficie a todos los interesados, pero sobre todo al país.
