Informe LLYC: Problemas en sectores de minería y energía dificultan el despegue de Perú

• De acuerdo con estimaciones de la consultora LLYC, los conflictos de 2022 -especialmente en minería- han generado pérdidas en producción por más de US$770 millones, producto de lo cual, el vecino país ha dejado de recibir US$195 millones, adicionales, por concepto de impuestos y de regalías.

Perú, liderado por Pedro Castillo, se encuentra en una crisis profunda que compromete transversalmente a todos los sectores, pero lo que ocurre en energía y minería, con un ministerio que lleva cuatro titulares en lo que va de Gobierno y con importantes huelgas en la industria minera, está poniendo en jaque a la economía peruana, cuyo desarrollo depende en gran medida de las actividades de este sector.

En Perú minería y energía se agrupan en un ministerio que reúne estas áreas. Las divisas del sector minero en promedio representan el 58% de las exportaciones en los últimos 10 años. Las transferencias de recursos mineros hacia los gobiernos regionales y locales ascendieron a US$11.900 millones (45.196 millones de soles), lo que —por ejemplo— equivale a 3,4 veces el presupuesto nacional destinado a transportes.

El sector energético, por su parte, está requiriendo una migración hacia nuevas fuentes de energía, con mayor inversión en renovables y una reducción del uso de combustibles fósiles, que permita reducir las emisiones de CO2 conforme a los compromisos ambientales asumidos por el país sudamericano.

Perú goza de positivas proyecciones para su industria en los próximos años, sin embargo, los conflictos políticos relacionados con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) están dificultando su florecimiento. De acuerdo con estimaciones de la consultora LLYC, los conflictos de 2022 han generado pérdidas en producción por más de US$770 millones, producto de lo cual, el país ha dejado de recibir US$195 millones, adicionales, por concepto de impuestos y de regalías.

PRIORIDADES DEL GOBIERNO

La prioridad del Gobierno apunta a la estrategia de masificación del gas, que ha sido una de las principales banderas que enarbola el gobierno de Perú, pero tampoco han comunicado acciones concretas ante el Poder Legislativo para implementar esta propuesta.

A fines de julio, en el Mensaje a la Nación el Presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció la publicación de la primera Política Nacional Multisectorial para la pequeña minería y la minería artesanal, el reingreso de Petroperú en la selva peruana, después de 26 años, y la continuación del proceso de ingreso en operación de la Nueva Refinería de Talara (NTR), que proyecta el inicio de su funcionamiento para el cuarto trimestre. Pero, el mandatario no se pronunció sobre su voluntad de facilitar la exploración y explotación de nuevos proyectos mineros, sector en donde se había proyectado una inversión cercana a los US$5.300 millones durante 2022.

La crisis política y los sucesivos ajustes del gabinete han llevado a erráticas gestiones del Ministerio de Energía y Minas con la consecuente inestabilidad entre sus equipos técnicos, lo que a su vez ha retrasado la implementación de medidas y la toma de decisiones en general.

Los distintos ministros que no han tenido una conducción clara; con excepción de la actual titular de la cartera, la abogada Alessandra Herrera, quien posee una amplia experiencia en el aparato público y posee un perfil técnico; es especialista en gestión de minería y desarrollo sostenible. En una muestra de la indefinición del Gobierno, Herrera había sido nombrada ministra de Minas y Energía el primero de febrero de este año por el presidente Castillo y, a la semana, la retiró del cargo por un nuevo ajuste en su gabinete. No obstante, en mayo fue llamada a ocupar el cargo nuevamente y ella aceptó.

LOS RETOS PENDIENTES DEL SECTOR

El sector minero-energético representa un potencial para la recuperación económica tras la pandemia y un aporte en la generación de divisas e ingresos para las arcas fiscales. Pero, para ello, resulta imprescindible una estrategia desde la institucionalidad que permita reducir la conflictividad social en torno a los proyectos de inversión minera.

Otro desafío que tiene el Ministerio de Energía y Minas es reposicionarse en su carácter de entidad técnica y fiscalizadora por sobre un rol político, así como fortalecer el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), expandir el gas entre las regiones.

Frente a la tarea de diversificar la matriz energética e impulsar las energías renovables, surgirá también la necesidad de elaborar un marco normativo que regule y promueva adecuadamente la inversión de este sector, posibilitando un abastecimiento competitivo y propendiendo a la autosuficiencia en la producción. Abordar estos desafíos aportaría al país un mayor crecimiento y mejoraría la posición de Perú como un polo interesante para la inversión