DestacadosNotas MinerasNoticias
Esta fue la norma de nacionalización minera aprobada ayer en la Comisión Constituyente
- La iniciativa nacionaliza las compañías de explotación y exploración de bienes estratégicos de la minería. “Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización», postula.
La Comisión de Medioambiente de la Convención Constituyente aprobó este martes en general una norma que busca nacionalizar las compañías de explotación y exploración de bienes estratégicos de la minería, «pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional». La propuesta fue presentada la convencional Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y contó con 11 votos a favor, dos abstenciones, y seis votos en contra.
El texto de la norma señala que «cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular, y a la totalidad de sus bienes». En esa misma línea, se establece que «las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización».
Los bienes estratégicos a los que se refiere esta iniciativa son «los bienes naturales como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales»,
Es importante destacar que, según el texto de la norma aprobada, «no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre bienes mineros y de hidrocarburos, ya que por mandato Constitucional pertenecen al Estado de Chile.
También, se establece que el Presidente de la República dispondrá de un año desde la promulgación de la nueva Carta Magna para implementar esta disposición.
HABLAN CONSTITUYENTES
El convencional Rodrigo Álvarez (UDI), que votó en contra de la norma, aseveró que «lo que está haciendo esta norma es nacionalizar las empresas con todos sus activos y eso requiere una expropiación, una indemnización que es mucho más alta que la que podríamos pagar como Estado (…) me parece que además deja un flanco abierto gigantesco a la responsabilidad de Chile por los tratados que válidamente ha firmado».
En tanto, Isabel Godoy (pueblo Colla), afirmó: «No es expropiación, es nacionalización del cobre. Aclararle a la gente que acá no se habló de los pequeños mineros ni los pirquineros, queremos que la labor del pirquinero sea una labor cultural y ojalá siga en el tiempo. Yo que anduve en las calles, lo que más se hablaba era sobre la nacionalización de nuestros minerales y nuestro cobre». (Agencia Aton)
SOBRE LA NACIONALIZACIÓN
De acuerdo con el texto previo de la normativa aprobada en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constituyente, “La Nacionalización es un acto supremo de Soberanía, destinado a cambiar el régimen de explotación o aprovechamiento del conjunto de bienes, riquezas o actividades, por razones de orden superior, que se conectan con una nueva forma de apreciar y encarar las condiciones y necesidades de la vida social que es interdependiente de la economía y estas lo son de los ciclos metabólicos de la Naturaleza de la cual objetivamente dependemos como Humanidad. Por tanto, mediante la transformación de la actividad y propiedad privadas por sobre bienes naturales esenciales y de actividades estratégicas para el bienestar colectivo, la propiedad y gestión de los mismo ha de transformarse en actividad o propiedad colectivas, las cuales son tomadas a su cargo y adquiridas por el Estado, en cuanto representante de la colectividad, para que en adelante ellas se aprovechen y utilicen de forma racional, responsable y conforme a una función social ecológica donde las necesidades materiales de los Pueblos y las exigencias humanas para el buen vivir, las que puedan realizarse sobre la base de las ciencias y conocimientos que entienden el intercambio y la interdependencia entre la actividad social y los equilibrios dinámicos de los ecosistemas y la biosfera toda”
Este texto fue adaptado del libro “La Batalla del Cobre” del principal asesor jurídico del presidente Salvador Allende, Eduardo Novoa Monreal.
SOBRE INDEMNIZACIONES A EMPRESAS
El texto de la normativa aprobada expresa en relación con las indemnizaciones:
a) “Las empresas afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será el valor libro al 31 de diciembre de 2021, según las normas del IFRS. Podrá deducirse del monto de la indemnización el todo o parte de las rentas excesivas que hubieren obtenido las empresas nacionalizadas.
b) Dentro del plazo de cinco días, desde que quede ejecutoriada la resolución que determine el monto de la indemnización, se remitirá copia de ella al presidente de Chile, quien fijará por decreto supremo su monto definitivo, de acuerdo con lo señalado en esa resolución. El presidente de Chile fijará, además, en dicho decreto supremo, el plazo, interés y forma de pago de la indemnización, no pudiendo ser el plazo superior a treinta años ni ser el interés inferior al tres por ciento anual. La indemnización será pagadera en dinero, a menos que las empresas nacionalizadas acepten otra forma de pago.
c) Será causal suficiente para suspender el pago de la indemnización la negativa a entregar los estudios, prospecciones, planos, informes, títulos, datos y otros bienes necesarios para la normal explotación y para el cumplimiento de los planes previstos, y cualquier conducta tendiente a alterar la marcha normal de la explotación o de los planes mencionados, mediante su obstaculización o interrupción, que sea imputable directa o indirectamente a los afectados o sus socios. Sobre la procedencia de esta suspensión decidirá el presidente de Chile”, entre otros aspectos de la normativa.
Se adjunta PDF con la propuesta de Ivanna Olivares aprobada ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Comisión Constituyente.
