- Por Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)
No es acertado ni correcto decir que el empresariado esté en silencio y atrincherado en sus gremios en medio del debate constitucional. Esas son afirmaciones temerarias y que no corresponden a la realidad.
El sector empresarial agrupado en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y todos los demás gremios del país están firmemente trabajando para hacer su aporte en la discusión de la nueva Carta Magna.
El hecho que hasta ahora haya habido un trabajo interno de reflexión y consulta con sus socios, no puede interpretarse como que los empresarios se estarían restando al proceso que culminará, esperamos de manera exitosa, con una nueva Constitución. Ello porque, como lo señalamos recientemente en una carta publicada en El Mercurio, “entendemos la transcendencia de lo que significa aportar a recomponer la cohesión social, buscando ser promotores de un diálogo horizontal, que invite a encontrarse y a compartir puntos de vista sin exclusiones”,
Es más, recientemente sostuvimos un encuentro, bajo el alero de la CPC, con alrededor de 37 gremios empresariales para elaborar propuestas que aporten al desarrollo sostenible.
Desde el punto de vista minero, también estamos desarrollando un trabajo proactivo para hacer llegar a los constituyentes y los candidatos presidenciales nuestras propuestas para el desarrollo de la industria.
En razón a la relevancia del marco regulatorio para la minería, y particularmente la raigambre constitucional de varias de sus normas más importantes, SONAMI decidió abordar desde principios de 2020 una importante reflexión, convocando en una primera instancia a un grupo de abogados expertos que discutió las implicancias del proceso constitucional que se había decidido ya en noviembre de 2019. Posteriormente, se convocó a un grupo más amplio y variado de profesionales relacionados con la minería, que incluye expertos, ejecutivos, trabajadores, proveedores, académicos e inversionistas de la actividad, que se agruparon en tres comisiones de trabajo: la de sustentabilidad, la jurídica y la económica.
Agradecemos a los líderes de cada una de estas comisiones, Amparo Cornejo, Patricio Enei y Francisco Costabal respectivamente, y a todas cada una de las más de ochenta personas que participaron en este esfuerzo.
En los próximos días desplegaremos tanto con la CPC como de manera propia una estrategia para difundir el documento que ha surgido de esta reflexión, el cual contiene nuestras principales propuestas en materia minera a considerar en la nueva Constitución.
Esperamos que la Convención Constitucional nos escuche y recoja nuestras propuestas que buscan asegurar el desarrollo de una de las principales actividades productivas del país. (Editorial Boletín Minero, septiembre)
