Empresa, Factor Humano y Minería bajo la lupa de profesionales de ASL Corp

• En entrevista a directores y asociados de la Consultora ASL CORP se habló de la importancia de los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos y cómo se ha desarrollado en Chile.

Hoy las empresas deben considerar aspectos que son ineludibles para ser reconocidas en los sistemas político-económicos del país e internacionales. Acuerdos de Naciones Unidas reiteran que el respeto a los derechos humanos es fundamental para la consecución de un desarrollo sostenible. Son esenciales para sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental.

«En los últimos años se ha evidenciado una serie de medidas, especialmente a través de los Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos. Hoy día, se vislumbra un mayor foco hacia el desarrollo de normativa, sobre la debida diligencia y los mecanismos de reclamo», señaló el presidente del directorio de ASL CORP, el abogado José Luis López Blanco.

Para enfrentar estos desafíos, ASL CORP ha incorporado profesionales de diversas áreas, todos con la experiencia necesaria para apoyar a la industria a nivel nacional e internacional, con quienes conversamos para ahondar en este trascendental tema.

Respecto de cómo se incorpora este tema en las empresas, López Blanco precisó que Chile ha reconocido la protección de los derechos humanos desde los origines de la República. La primera Constitución Política, en el año 1818, bajo el gobierno del General O’Higgins establecida en el artículo 1° que: «Los hombres por su naturaleza gozan de un derecho inajenable e inamisible a su seguridad individual, honra, hacienda, libertad e igualdad civil». Asimismo, la legislación laboral del país se ha destacado como una de las más avanzadas en América Latina. Ejemplo de ello son las leyes de la silla, de descanso dominical y de habitaciones obreras a principios del siglo XX y el Código del trabajo de 1931.

«En conclusión, éste no es un tema nuevo para nuestro país, sino que, por el contrario, se ubica en su raíz histórica y jurídica. En tanto, Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, ha adoptado diversos acuerdos, proclamando el respeto a los derechos humanos. En lo referido a la situación de las empresas, se aprobaron acuerdos específicos en el año 2011, los que también han sido proclamados por la OIT y por Unión Europea», explicó.

Actualmente, existe un Plan de Acción Nacional, que procura implementar y reconocer los estándares de derechos humanos en las empresas, protegiendo su respeto, para lo cual, se proponen diversas medidas de Diligencia Debida. Teniendo presente la muy larga tradición jurídica Chile y su notable desarrollo económico, principalmente a través del emprendimiento empresarial, este nuevo desafío no debiera ser tarea difícil.

El SECTOR MINERO Y EL FACTOR HUMANO

«La minería es el sector que más ha contribuido al desarrollo de Chile, situándolo entre los principales países del mundo en producción de cobre. Por muchos años, los mineros han trabajado en ambientes muy difíciles, en pleno desierto o en altas montañas, en situación de aislamiento y soledad», informó el ingeniero civil de Minas Andrzej Zablocki, asociado de ASL CORP.

Zablocki añadió que el desafío actual es muy grande, por cuanto se deben enfrentar leyes muy bajas en el cobre, requiriéndose una mayor inversión. Se debe aumentar la exploración y, además, para las reservas de litio es fundamental determinar, con mucha urgencia, un sistema que permita la inversión de empresas privadas en ese sector.

Debe ponerse término a las incertidumbres y dificultades que provocó la pandemia y la llamada explosión social.

En tanto, la psicóloga laboral, Lorena Maturana, asociada de ASL CORP señaló que las empresas deben prevenir y evitar que sus acciones y operaciones vulneren cualquier aspecto de los derechos humanos, efectuando una reparación adecuada, cuando se hayan producido infracciones o incumplimientos.

«Para eso deben incorporar en su quehacer, políticas, acciones y estructuras internas que cubran todos los aspectos señalados en los 7 pilares definidos en el Plan de Acción Nacional: Trabajo y sus condiciones, Seguridad, Medio Ambiente, Propiedad, Educación, Participación, Pueblos originarios y comunidades», dijo.

Sobre la afectación de las comunidades que forman parte del área de influencia de las empresas, Maturana, precisó que es importante un diálogo entre las empresas y las comunidades locales, con el objetivo que se converse y se establezcan sistemas y mecanismos de reconocimiento de sus tradiciones y derechos, y se determinen, en lo que proceda, beneficios. «Ello, naturalmente, en forma coordinada con el cumplimiento y respeto a las misiones y objetivos empresariales, orientados a la producción rentable de bienes y servicios», explicó.

En cuanto a la influencia de estas medidas en los trabajadores, Sergio López, ingeniero civil industrial, asociado de ASL CORP, indicó que, al establecerse sistemas de operación y trabajo, como lo señalados, sin duda que se produce un gran beneficio común para todos los partícipes.

«Los trabajadores ven que sus derechos se respetan; las comunidades locales no ven amenazas por operaciones industriales cercanas y los empresarios pueden continuar con sus tareas de producir bienes y servicios, rentablemente, contribuyendo así, también al bienestar general del país», aseveró Lorena Maturana.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Los acuerdos de Naciones Unidas y el Plan de Acción Nacional, constituyen una propuesta a los Estados, a las empresas, trabajadores y comunidades locales, para establecer criterios que permitan el cumplimiento local, de aquellos en cada país, según sus diversas historias, cultura y sistema jurídicos.

Los propios documentos internacionales, en que se promueven estas iniciativas, señalan, con mucha claridad, que el plan de Diligencia Debida establecerá mecanismos que las empresas puedan cumplir razonablemente, de acuerdo con sus propias características.

Además, la implementación de los estándares de Derechos Humanos es un tema que interesa a toda la comunidad empresarial del país. Ello permite el desarrollo sostenible de la sociedad.

«Es responsabilidad de todas las partes involucradas contribuir a que esa política se plasme en el conjunto de la actividad económica y productiva, ya que la inversión requerida para alcanzar resultados significativos es muy elevada», dijo Sergio López.

«Es por eso, que estas políticas están incorporadas hoy en día en forma muy incipiente en los presupuestos financieros de las empresas. Para avanzar en esta materia, se requiere una visión global de Estado», agregó Sergio López.

ASL CORP se compromete a construir relaciones eficientes y amigables entre los diversos actores (empresa, trabajadores, comunidades, proveedores, clientes) para implementar los estándares de derechos humanos, procurando así el óptimo del conjunto de actores y no el máximo beneficio de alguno en particular. «Nuestra entidad acompaña a sus clientes, orientándolos a coordinar los impactos que puedan producir por la implementación de estos estándares, principalmente en las áreas de medio ambiente, factor humano y gobierno corporativo. De esta manera, el proceso de Diligencia Debida que se determina para cada empresa considerará sus propias circunstancias y razonabilidad para llevarlas a cabo», informó José Luis López Blanco.

López Blanco agregó que es muy importante que en virtud esta asesoría y del trabajo conjunto con todos los partícipes se genere un ambiente final satisfactorio y aceptado de buena fe.

«En síntesis, este procedimiento no debe considerarse como un «juego de suma cero», en que el beneficio de una de las partes es el equivalente de la pérdida en las otras. En este esquema, el principio general se debe basar en que todos los partícipes resultan beneficiados», concluyó López Blanco.

Finalmente, los directores y asociados de la Consultora ASL CORP indicaron que para apoyar a las empresas en esta área se requieren equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales con mucha experiencia, tanto académica como práctica, en diversas áreas, tales como jurídica, minería, gestión de empresas, gestión de personas, solución de conflictos, y conocimientos de la historia y cultura del país, con experiencia en diálogo con trabajadores, empresarios, comunidades locales y pueblos originarios.