- Por Gastón Fernández Montero, Abogado.
Podemos afirmar con total seguridad que el problema del litio extra-Corfo hoy en Chile, es un problema netamente jurídico. No es geológico, metalúrgico, ni financiero.
Se sabe, que ese litio fue declarado legalmente como una sustancia no concesible. Por tanto, no se rige por las normas generales del Código de Minería para las concesiones para explorar o explotar. El Estado se las reservó para sí, lo que significa que las pueden explorar o explotar a través de sus empresas.
Si decide que las explore o exploten los particulares, les puede otorgar una concesión administrativa o un contrato especial de operación (CEOL). Estos contratos los necesitan los particulares, no las empresas del Estado.
Para los CEOLs existen normas jurídicas que los regulan. Para el litio, no existen.
Hay particulares que pretenden optar a uno de ellos. También, inversionistas extranjeros que pretenden celebrar alguno, pero no se conocen sus términos.
Para solucionar este problema, algunos están pretendiendo que, simplemente se derogue esta condición o se reglamente legalmente el contrato especial de operación del litio.
Se ven difíciles ambas alternativas, al menos en el corto plazo. En primer lugar, el programa del actual gobierno proponía una política estatista y la creación de una empresa del litio manejada por el Estado. La dictación de una ley que regule los CEOL, también en un gobierno sin mayoría en el Parlamento es un tema pendiente.
Mientras tanto, pasa el tiempo y surgen en distintas partes del mundo, nuevas explotaciones y fuentes de inversión. Chile está al margen.
