Directorio de proveedores mineros emite declaración pública frente al proyecto de royalty.

• “Las tasas progresivas de royalty según precio del cobre, desde un 3% a un 75% sobre las ventas, son desproporcionadas y anticompetitivas con todos los distritos mineros del mundo, dejando a Chile lejos en el último lugar como país atractivo para inversiones mineras en base a la carga tributaria total (impuestos a las rentas, impuesto específico y ahora royalty v/s PIB minero), duplicando la carga tributaria versus la mayoría de los países mineros”, señala Aprimin.

En relación con el proyecto de ley royalty minero aprobado por la Cámara de Diputados, el Directorio de la Asociación de Proveedores de la Minería, APRIMIN, reunido hoy viernes, emitió una declaración pública en la que expresa su rechazo a la iniciativa aprobada el jueves último.

Este conglomerado gremial está integrado por más de 100 empresas nacionales y extranjeras, que proveen productos y servicios a la industria minera en todo el país.

El directorio de la entidad sumó su rechazo a otros organismos gremiales que ven amenazadas las fuentes laborales creadas por la minería, frente a una propuesta legislativa que ha sido calificada de populista, por diversos expertos en la materia, sin pensar en que el buen momento económico que rodea hoy al mercado de muchos metálicos y no metálicos no es permanente, sino que se rige por los vaivenes de los mercados internacionales.

La declaración del directorio de APRIMIN, señala textualmente:

“El principal efecto será en el mediano y largo plazo sobre el empleo y las comunidades locales, afectando a familias, pequeños comerciantes y todas las actividades de las regiones del norte de Chile y también del resto del país.

Esta conclusión se deriva de las tasas progresivas de royalty según precio del cobre, desde un 3% a un 75% sobre las ventas, que son desproporcionadas y anticompetitivas con todos los distritos mineros del mundo, dejando a Chile lejos en el último lugar como país atractivo para inversiones mineras en base a la carga tributaria total (impuestos a las rentas, impuesto específico y ahora royalty v/s PIB minero), duplicando la carga tributaria versus la mayoría de los países mineros.

Este proyecto afecta además seriamente a las actuales y futuras generaciones, por el creciente desarrollo de emprendimientos en el ecosistema minero, que se vería limitado.

Sin considerar las tasas más altas que pueden llegar hasta el 75% de las ventas, el solo hecho de que se pueda aplicar una de las menores tasas de las aprobadas, de 15% sobre ventas en casos de precio cobre de US$ 2 a US$ 2,5 la libra y sus equivalentes en otras pastas, implica que muchas mineras, especialmente medianas, que generan mucho empleo local y regional, no puedan seguir operando en el mediano y largo plazo.

Esto, en circunstancias en que las empresas mineras medianas y también muchas más grandes tienen costos mayores, de forma que, precios superiores, afectados con tasas de royalty más altas (del 35% al 75%) a pesar de mejores precios no les permitiría recuperar sus pérdidas anteriores. Por esta razón, afirmamos que es probable que varias empresas cierren sus operaciones dejando a miles de trabajadores cesantes, comunas con mayor pobreza, proveedores y contratistas locales cerrados o con ingresos menores.

El efecto es que el Fisco recaudaría menos que si no se aplicara este royalty con las altísimas tasas propuestas. Así, desde estas mineras que paralizarían no se recaudarían impuestos, ni de las remuneraciones de sus trabajadores, ni de contratistas, ni del comercio y otras; ni royalty de esas mineras que no seguirán operando si los precios bajan, lo que es normal que ocurra con el cobre, hierro y otros minerales.

Este proyecto no ha reparado en estas consecuencias graves para el desarrollo humano nacional en el largo plazo, legislando sólo ante precios actuales. Tampoco incluye ajustes en los costos de las mineras, que suben año a año, dejando fijo el precio para la tasa a aplicar, lo que, con el tiempo, más mineras dejarán de operar, más empleos se perderán y más familias caerán en la pobreza.

El proyecto de ley fundamenta su aplicación en un grave error inicial, que consiste en hacer creer a la comunidad nacional que no existe un royalty minero. Hoy ese royalty existe, que es el actual Impuesto Específico a la Minería, con tasas sobre las utilidades, que aumentan del 5% al 34,5%, según aumenten las utilidades, lo que es una mejor herramienta para el desarrollo minero y del país.

No cabe duda de que, la aplicación de un royalty como el aprobado por la Cámara de Diputados y la exageración de sus tasas sobre las ventas, constituye un tributo desproporcionado que disminuirá fuertemente las inversiones generadoras de empleo y bienestar de miles de familias y del resto de Chile.

Hacemos un  llamado al Senado de la República a resolver con la racionalidad que ha caracterizado a Chile a lo largo de su historia, para no afectar la actividad principal que ha permitido nuestro desarrollo como país y bajar la pobreza desde el 40% al 8,3%, en la seguridad que una decisión prudente seguirá haciendo a Chile un país atractivo para la inversión, los empleos, el bienestar de nuestros compatriotas, mejores recursos en el largo plazo y no en el corto, para lograr cumplir con la justa Agenda Social y las fuentes de energías limpias que nos da el cobre para un planeta más limpio”, hasta aquí la declaración oficial de Aprimin.