- Por César Rebolledo Aragón, gerente general de NewCapital Group.
En una sociedad que se presume civilizada y en una nación que antaño se jactaba de su firme compromiso con el estado de derecho, es inaceptable seguir siendo testigos, casi zombis, frente a actos tan brutales, como el asesinato de dos camioneros en la Ruta 66-G, en Malloa, conocida como la Ruta de la Fruta. Este trágico crimen plantea serias preguntas sobre la seguridad de nuestros trabajadores del transporte, la impunidad que prevalece en estos casos y un gobierno ciego, sordo y mudo espectador.
Hace apenas dos semanas, veíamos con esperanza la firma de un acuerdo entre los gremios de camioneros y el gobierno, destinado a garantizar la seguridad de quienes realizan viajes incansables para mantener nuestra economía en movimiento. Sin embargo, al poco tiempo, nos encontramos lamentando la pérdida de dos vidas humanas a manos de asesinos despiadados.
Este cruel acto no solo merece una condena enérgica, sino que también, nos debe hacer reflexionar sobre la grave falta de seguridad que enfrentan los camioneros en su labor diaria. Estos hombres y mujeres, pilares de nuestra economía, son frecuentes víctimas de robos, asaltos y, en este caso y muchos otros, de homicidios inentendibles.
Resulta casi majadero decir, por quincuagésima vez, que se requiere una respuesta más firme y coordinada para proteger a los camioneros y poner fin a la impunidad que viabiliza que estos crímenes persistan, pero parece que nadie lee, escucha o entiende. Tampoco es razonable que se siga permitiendo que actos de violencia como este, queden sin castigo y que los responsables no reciban todo el peso de la justicia.
Este no es el momento para que las autoridades conviertan esta tragedia en un punto de prensa o una oportunidad comunicacional. En lugar de ello, deberían centrarse en las familias: las familias de los camioneros asesinados que enfrentan el dolor de una pérdida devastadora, y las familias que, día tras día, despiden a un camionero sin saber si volverá a casa.
Exigimos un liderazgo responsable, que tome medidas concretas y efectivas para proteger a nuestros camioneros. No necesitamos revisar las distintas medidas que se han adoptado para enfrentar los desafíos en seguridad, tampoco escuchar discursos vacíos ni declaraciones de intenciones, necesitamos acción real, pero de verdad.
La sociedad en su conjunto también debe despertar y levantar la voz en solidaridad con los camioneros y sus familias. No podemos dejar que, nuevamente, el gobierno continúe ignorando esta crisis y minimizando la importancia de cada vida perdida.
Es hora de unirnos en una demanda unificada de justicia y seguridad para nuestros camioneros, y no descansar hasta que se hagan responsables, todos. Tanto aquellos que han puesto fin a inocentes vidas, como aquellos que han fallado en su deber de protegerlas. Para así, no tener que lamentar nuevas pérdidas de vidas humanas y volver a preguntar, lamentable y tristemente: ¿Cuántos camioneros más deben morir?
