Consejo Minero expuso ante el Senado sus observaciones al proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización

El Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, presentó ayer las observaciones de la Asociación Gremial que representa, ante la Comisión de Recursos Hídricos del Senado,  donde se retomó el análisis del proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización.

Villarino dio a conocer la posición del gremio sobre la iniciativa legal, la cual tiene por objeto “regular ciertos vacíos e imperfecciones legales, que han quedado de manifiesto con el aumento de proyectos para la implementación de plantas desalinizadoras”. Según los autores de la moción, hace algunos años vienen aprobándose sin mayor planificación, diversos proyectos de desalinización de agua de mar, como consecuencia de la carencia de una normativa específica sobre esta materia.

Al inicio de su presentación, el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero dio a conocer algunas cifras sobre el uso de agua de mar en minería. En primer lugar, destacó que la industria consume solo un 3% de toda el agua de fuente continental del país. A continuación, afirmó que durante 2018 el 20% del agua extraída para el sector provino del mar, y que estudios proyectan que en los próximos 10 años las nuevas inversiones permitirán que más del 40% de la industria minera utilice esa fuente hídrica para sus operaciones.

Actualmente, el uso de agua de mar en minería tiene costos significativos, que pueden llegar a representar hasta un 10% de los ingresos por venta de mineral. Por lo anterior, no es una solución disponible para todas las operaciones mineras. “Estas cifras de uso actual y futuro de agua de mar reflejan cuán sensible es para el sector cualquier cambio al régimen jurídico que regula la materia”, señaló Villarino.

Posteriormente, Villarino analizó los fundamentos de la moción y entregó las sugerencias del Consejo Minero frente al articulado.

BIEN DE USO PÚBLICO

En primer lugar, se refirió a la propuesta de declarar el agua desalada proveniente del agua de mar como bien nacional de uso público. El Presidente Ejecutivo del CM señaló que la Asociación Gremial está en contra de esta medida, ya que la calificación legal del agua desalada como BNUP (Bien Nacional de Uso Público) tendría carácter expropiatorio, lo que haría aplicables las restricciones constitucionales del caso.

“Nuestra recomendación es rechazar esta propuesta, tanto porque el interés público está debidamente resguardado mediante el otorgamiento de concesiones marítimas para plantas desaladoras y el ordenamiento del borde costero, como porque el agua desalada, al igual que el agua continental extraída bajo el amparo de un derecho de aprovechamiento, es de quien la desaló al amparo de una concesión”, afirmó.

Por otro lado, la moción propone que los solicitantes de agua de mar para desalinización especifiquen la cantidad de agua que requieren y también justifiquen su finalidad. Respecto a este punto, Joaquín Villarino dijo que “estos requisitos ya están establecidos a nivel reglamentario, por lo que cabe preguntarse si es necesario replicarlos a nivel legal”.

VACÍOS LEGALES

Otro de los vacíos que alegan los autores de la iniciativa es la “falta de atención al riesgo ambiental de la desalinización”, afirmación que, a juicio del Consejo Minero, no estaría bien justificada.

“Mientras en el caso del agua continental solo algunos usos se someten al SEIA (Servicio De Evaluación Ambiental), y el principal de ellos, la agricultura, no lo hace, en el caso de las plantas desaladoras todas son sometidas al SEIA (Servicio De Evaluación Ambiental), de modo que los impactos ambientales son debidamente evaluados, mitigados y compensados”, planteó Villarino.

Por último, hizo un llamado a considerar a las plantas desaladoras agua de mar como un factor importante para solucionar la escasez de agua continental, y no como parte del problema.

“Es más apropiado buscar las formas de promover nuevas inversiones –de propiedad y uso tanto privado como público–, dando más certezas sobre el modo en que pueden aportar al interés común, en vez de introducir calificaciones jurídicas o exigencias que inhibirán su desarrollo”, enfatizó. (Fuente: Comunicaciones Consejo Minero. Editado por S.R. Comunicaciones)