¿Competencias del gobernador regional y del delegado presidencial ponen en jaque a Dominga?

• Artículo del Diario La Región, de Coquimbo, analiza situación del proyecto minero-portuario Dominga, frente a elección de nuevas autoridades regionales.

A 7 días de la segunda vuelta y a 32 días que asuman las nuevas autoridades, el gobernador regional electo por voto popular y el delegado presidencial, que será designado, todavía no está completamente aclarado el panorama respecto a las atribuciones y competencias que estas nuevas figuras tendrán, sobre todo en materia medio ambiental.

Este 13 de junio se medirán en segunda vuelta de gobernadores regionales el candidato de Chile Vamos, Marco Sulantay y la independiente apoyada por el Partido Ecologista, Krist Naranjo. Dos estilos totalmente opuestos y con sus tendencias definidas.

Hace unos días hicieron noticia al dar a conocer sus puntos de vista respecto a uno de los proyectos más mediáticos de los últimos tiempos en la región, la iniciativa minero-portuaria Dominga, en donde Sultantay ha afirmado que, si cumple con la normativa, la apoyará; y Naranjo, en entrevistas previas con La Región, ha señalado abiertamente que está en contra.

Pero, pese a la guerra de declaraciones cruzadas, en la práctica todavía no están definidas las competencias en esta materia ni para el nuevo gobernador regional ni para el delegado presidencial, aun cuando ya tienen fecha para asumir los nuevos cargos: el 14 de julio del 2021.

INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Al hablar de institucionalidad ambiental, inmediatamente se viene a la mente el proyecto Dominga de Andes Iron, que por largos años ha sorteado diferentes instancias judiciales, pasando por la comisión regional, rechazado en aquel entonces por el exintendente Claudio Ibáñez, pasado por el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, en donde nuevamente se encuentra hoy en día.

Para que una iniciativa, sea cual sea, que pueda representar o tener algún impacto ambiental, como eléctrica, minera, portuaria, inmobiliaria, entre otras, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, es decir que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto si éste cumple con la legislación ambiental vigente y si se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos.

El proceso de evaluación culmina con una resolución que califica ambientalmente el proyecto evaluado, aprobándolo o rechazándolo (RCA), dicha instancia la integran los seremis de Transporte, Economía, Salud, Medio Ambiente, Energía Minería, entre otros, y es presidida por el intendente, cuyo voto es decidor en caso de algún empate, como pasó precisamente el año 2017 con Dominga.

Pero, desde el 14 de julio, al no existir la figura del intendente, siendo reemplazada por el gobernador regional o el delegado presidencial, según sea el caso, nada está claro para la comisión regional de evaluación de impacto ambiental y para el futuro de proyectos emblemáticos como Dominga.

QUIÉN TIENE LA FACULTAD: A LA FECHA NO SE SABE

El senador Francisco Chahuán (RN), uno de los autores de la ley que crea los gobiernos regionales, conversó con La Región, en donde explica que “es un tema que está en un amplio debate en el Senado, se debatió hace unos días respecto a quien debiera liderar las instancias de resolución, particularmente en los efectos de aprobar o no la institucionalidad medio ambiental y los proyectos que impacten en el medio ambiente en la región”.

“Por una parte, se sostuvo que debería ser el delegado presidencial porque tendrá a su cargo los seremis y, por otra parte, se planteó que debería ser el nuevo gobernador regional, quien debiera tener las atribuciones para hacerlo” sostiene.

Explica que “este proyecto pasó por el Senado y volverá a la Cámara Alta en tercer trámite constitucional, y nosotros somos partidarios de empoderar a los gobernadores regionales, en donde consideramos que son ellos los que debieran diseñar el norte del desarrollo de las regiones, y en ese contexto sería él quien debiera tener todas las atribuciones para presidir la institucionalidad medio ambiental en la región”.

Consultado, hipotéticamente si mañana asumiera la nueva autoridad quien debería presidir la comisión regional de evaluación ambiental, señala que “todavía no está afinado el trámite legislativo, así que estamos esperando a que esto llegue al tercer trámite”. (Fuente: Diario La Región de Coquimbo)