- El 21 de diciembre de 1970, el entonces Presidente de la República, Salvador Allende, firmó un proyecto de reforma constitucional que abría paso a la completa nacionalización de las grandes minas de cobre chilenas. Esto constituyó la etapa final del proceso iniciado durante la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva, denominado “Chilenización del cobre”.
Desde ese día, se propone establecer con rango constitucional el dominio del Estado sobre las minas, que ya había adelantado don Andrés Bello, en el artículo 590 del Código Civil y que recogieron los sucesivos Códigos de Minería de la República, todos con el rango de ley común, e insuficientes jurídicamente para realizar la nacionalización en la forma proyectada.
Esta iniciativa presidencial contó con el más amplio apoyo de las colectividades políticas de la época y no sólo del conglomerado de gobierno de la Unidad Popular. La Democracia Cristiana, no obstante estar en la oposición, anunció que no sería obstáculo a dicha iniciativa y, en definitiva, la reforma constitucional fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso Nacional el 11 de julio de 1971.
De esta forma, quedó consagrada a nivel constitucional la soberanía económica del país sobre su principal riqueza básica.
Diferente fue en esta ocasión la actitud de la clase política respecto de la que hubo en 1914, cuando las potencias de la época -con motivo de la Primera Guerra Mundial-, le prohibieron a Chile exportar salitre a Alemania, lo que provocó que dos científicos de esa nacionalidad, con el amoníaco obtenido del aire, produjeran el salitre sintético. Esto causó un desastre económico de proporciones a nuestro país, el que se unió en sus efectos a la crisis financiera mundial de 1929.
En cambio, en 1970, el gobierno chileno se enfrentó a Estados Unidos de América, principal potencia mundial, cuyas empresas dominaban la producción de cobre de los grandes yacimientos del país.
Por lo tanto, transcurrido medio siglo, parece adecuado recapitular el efecto de este hecho histórico trascendente.
Para las nuevas generaciones, que no fueron ni protagonistas ni testigos del proceso, puede ser ilustrativo también, un análisis del impacto de este acontecimiento, especialmente en lo que concierne al rol de Codelco y su contribución al erario nacional y al desarrollo del país, a partir de la nacionalización de la Gran Minería y de la creación de esta empresa estatal. Sólo una cifra, difícil de dimensionar por su envergadura: US$120 mil millones de dólares.
Sin duda, este 21 de diciembre adquiere real significado para el país, por tratarse de una fecha que permitió a Chile hacer constitucionalmente suyo un derecho de propiedad inalienable para nuestra generación y las venideras.
