Alvaro Merino: “es crucial preservar las normativas que han permitido el extraordinario crecimiento de la minería”

• Al referirse a la nueva Constitución, el gerente de Estudios de Sonami dice que es fundamental la certeza jurídica para los inversionistas y que ésta debe observar el crecimiento sectorial y del país en las últimas tres décadas.

La nueva Constitución, sin duda es un enigma respecto de los postulados que marcarán el devenir de la minería en Chile. Por esto, Alvaro Merino, gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostiene que, para el sector minero es fundamental la certeza jurídica, especialmente cuando se trata de inversiones.
“El negocio minero se caracteriza por ser de alto riesgo, por lo que, para su desarrollo requiere estabilidad jurídica, estabilidad política y estabilidad tributaria, fundamentalmente”, dice Merino.

Y agrega que Chile ha sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido al país, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina. Por esto, reitero, es crucial preservar aquellas normativas que han permitido el extraordinario crecimiento de la minería y del país en las últimas tres décadas, porque hoy Chile es muy diferente al que observábamos tres décadas atrás y en ello la minería ha jugado un rol clave, atrayendo inversiones, generando empleo, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor”.

El ejecutivo dictó una extensa charla sobre el tema “Minería en Chile y sus Perspectivas”, como parte del curso para periodistas que anualmente organiza Sonami con el patrocinio del Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF Chile).

JUDICIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
Alvaro Merino también se mostró crítico frente a los efectos de la “judicialización “de proyectos, como ocurrió con el caso Dominga. “Es fundamental que la institucionalidad encargada del otorgamiento de permisos y autorizaciones conforme a la ley tenga claramente establecido un concepto clave como es la seguridad jurídica y económica, particularmente en esta actividad que involucra un cuantioso monto de recursos y se desarrolla en el largo plazo. Lamentablemente, hemos tomado conocimiento que el proceso de judicialización se está extendiendo en los países de la región y ello, por cierto, atenta contra la certeza jurídica, elemento clave para la inversión minera, dijo.

Por esto, opinó que “el desafío es seguir trabajando por una minería sustentable y mantener un adecuado clima de negocios para que los inversionistas continúen llegando a la región”.

En cuanto a los preceptos que debe mantener la nueva constitución en materia minera, expresó que el ordenamiento jurídico aplicable a la minería en Chile está contenido en tres cuerpos legales fundamentales.

“El primero y más importante es la Constitución Política de la Republica, que declara que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Además, la Constitución dispone que una ley orgánica constitucional -la de mayor jerarquía dentro del sistema- ha de determinar cuáles sustancias (excluidos los hidrocarburos líquidos y gaseosos) pueden ser objeto de concesiones mineras de exploración y de explotación y cuáles son la duración, los derechos y obligaciones y la forma de amparo de dichas concesiones. La Carta Fundamental agrega, que estas concesiones deben constituirse siempre por resolución judicial y que el dominio de su titular sobre ellas está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. Luego están la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, de 1982; y el Código de Minería de 1983, que detallan los procedimientos para la constitución de la concesión minera”, aclaró.

CONCESIONES MINERAS
Cabe destacar que en Chile existen dos tipos de concesiones: la de exploración, que es el derecho real inmueble de duración limitada a dos años, prorrogable por otros dos siempre que se haga abandono de, a lo menos, la mitad de la superficie total concedida; y la de explotación, que es el derecho real inmueble y que tiene duración indefinida, siempre que se la ampare debidamente.

Ambas se otorgan por resolución judicial de los tribunales de justicia y deben ampararse mediante el pago de una patente anual, que en el caso de exploración es 1/50 de una UTM y en explotación es 1/10 UTM, por hectárea. ($1.000 y $5.100)

Por otra parte, el derecho de dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional del derecho de propiedad. (Art 19 N° 24).

“Si la concesión llegara a ser expropiada, su titular tendrá derecho a ser indemnizado por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, esto es, el valor presente de los flujos netos de caja que genera esa inversión, en otras palabras, el valor comercial”, explica Alvaro Merino.

A su juicio, estas disposiciones constitucionales y legales lo que han hecho, en síntesis, es establecer un claro derecho de propiedad sobre las concesiones mineras, otorgando seguridad jurídica y económica, elementos claves para la inversión, más aún si se trata de una actividad como la minería que se desarrolla en el largo plazo.
El gerente de Estudios de Sonami agrega que es necesario que la nueva carta magna considere la mantención de tres pilares que se deben mantener desde el punto de vista de la estructura productiva: Gran Minería Estatal, representada por Codelco, Gran minería privada con capitales externos y nacionales; y Mediana y pequeña minería con capitales nacionales.

“Son precisamente en estos aspectos normativos y en esta estructura productiva que se debe perseverar para que la minería continúe aportando al país”.

LOS GRANDES DESAFÍOS
Merino habló también de los distintos indicadores económicos que destacan el papel preponderante de la minería en el desarrollo del país, lo que ha quedado demostrado claramente durante la pandemia, pues ha sido el único sector productivo que ha mostrado un crecimiento y una fuerte resiliencia.

Frente a la pregunta: ¿Qué se requiere para enfrentar la actual coyuntura y poner nuevamente a chile en marcha hacia el futuro? Responde:

“Es necesario reencantar la inversión. Debemos impulsar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de grandes proyectos. Además, debemos despejar incertidumbres, porque paralizan cualquier iniciativa. Es clave esto, para enfrentar la actual coyuntura y fijar la vista en el futuro”, dice.

Y enfatiza en la importancia de la unidad de todos los chilenos. “Como país debemos definir en forma precisa, sin ambigüedades, ni populismos, la dirección a seguir para el desarrollo futuro de Chile. Hay que lograr acuerdos amplios, en un horizonte de largo plazo. Mientras más altas y sostenidas sean las tasas de crecimiento del país, mayor será su progreso económico y social “.

Finalmente, Alvaro Merino señaló que es muy relevante poner nuevamente el crecimiento en el centro de las políticas públicas, pues ésta es la vía más expedita para superar la crisis y para poner al país en la ruta hacia el futuro. “Es tarea de todos poner al país nuevamente de pie y para eso, se requiere responsabilidad y confianza”