Piden a Cancillería que Chile se sume a solicitud de moratoria para la minería en aguas profundas

Ya existe una coalición de organizaciones que presiona una moratoria internacional ante la AIFM, por posibles daños económicos y medioambientales irreversibles a los estados insulares del Pacífico, donde se desarrollaría la explotación minera bajo el mar.

Un grupo de profesionales chilenos solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, que Chile asuma una política definida hacia la minería submarina en aguas internacionales y, en ese sentido, solicite a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que la minería en aguas profundas podría ocasionar a nuestro país.

Tal como se ha venido informando en distintos medios nacionales e internacionales, la minería submarina está a las puertas de iniciarse, una vez que la AIFM apruebe el Código Minero para explotar los recursos mineros ubicados en la llamada “Zona” que es considerada Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Basados en el principio precautorio, los firmantes estiman que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales por la alta inseguridad que aún persiste en cuanto a:

1.- Un impacto socioeconómico negativo en los países productores terrestres de minerales (DLPS);
2.- Un impacto negativo en la biodiversidad submarina de la Zona;
3.- La destrucción del hábitat profundo con consecuencias globales;
4.- La falta de conocimiento suficiente para diseñar planes de manejo ambiental a escala local y regional de estas minas;
5.- La imposibilidad de definir límites de riesgo ambiental de las funciones fundamentales de los océanos profundos en la escala global;
6.- La incapacidad administrativa y técnica de la AIFM como único ente regulador del patrimonio común de la humanidad en la Zona.

CLAMOR INTERNACIONAL
En el caso de que el gobierno de Chile acoja esta solicitud, se sumaría a una coalición de organizaciones sin fines de lucro y a distintos países que están presionando para una moratoria internacional sobre la minería en aguas profundas, luego de un nuevo informe que advierte sobre posibles daños económicos irreversibles que se causará a los estados insulares del Pacífico, incluidos Kiribati, las Islas Cook, Nauru, Tonga, Papúa Nueva Guinea y Tuvalu.

«La evidencia científica acumulada indica que los impactos de la minería de nódulos en el Océano Pacífico serían extensos, severos y durarían por generaciones, causando daños esencialmente irreversibles», reveló un informe técnico encargado por la Campaña de minería de aguas profundas y MiningWatch Canadá.

Los académicos y científicos que participaron en el estudio temen que la minería de mar profundo podría devastar los ecosistemas frágiles que se recuperan lentamente en la oscuridad altamente presurizada del mar profundo.

Se cree que los nódulos polimetálicos (rocas ricas en metales del tamaño de una papa que se encuentran en una capa poco profunda de lodo en el fondo marino) son ricos en cobalto, níquel, cobre, manganeso y tierras raras.

Según el Servicio Geológico de EE. UU., dado que las aguas profundas representan más de la mitad de la superficie del mundo, sus riquezas son varias veces mayores que las encontradas en todas las reservas de tierra combinadas.

MINERÍA SUBMARINA Y MINERÍA TERRESTRE
DeepGreen Metals, una startup canadiense que planea extraer cobalto y otros metales de batería del fondo marino, cree que la minería en aguas profundas tiene el potencial de eliminar o reducir drásticamente la mayoría de los impactos ambientales y sociales asociados con la minería tradicional. No obstante, al ser minerales primarios, el aumento de CO2 será acumulativo al generado por la minería terrestre (metalúrgica). Esto se contradice con la suposición de una drástica reducción de impacto ambiental global y cambio climático.

“A diferencia de otros mineros del fondo marino, esta compañía no quiere perforar, explotar o cavar el fondo del océano. Su objetivo principal es recoger las pequeñas rocas metálicas ubicadas a miles de metros bajo el agua”, aclaran defensores de la empresa. Sin embargo, los opositores no están seguros de que el método elegido por DeepGreen sea tan inofensivo como parece, más aún, considerando que el tamaño mínimo para una extracción rentable es de 3,000 kilómetros cuadrados de remoción del fondo marino.

«DeepGreen promueve la minería en aguas profundas como una gran riqueza con un mínimo o ningún impacto adverso», dijo Helen Rosenbaum, de la Campaña de Minería en aguas profundas, en un comunicado y advirtió: “La ciencia no respalda sus afirmaciones. De hecho, la mejor investigación disponible indica claramente que la extracción de nódulos de aguas profundas pondrá a los estados insulares del Pacífico en gran riesgo”.

RIQUEZA BAJO EL MAR
Las compañías mineras que exploran el fondo marino argumentan que la extracción de esas riquezas profundamente enterradas podría ayudar a diversificar las fuentes actuales de metales de baterías conceptuadas actualmente. Nuevas baterías (Li-Fe-P) no requerirán tales metales.

Sin embargo, académicos y científicos están preocupados por la falta de investigación sobre los posibles impactos de la minería en alta mar.

«Las expectativas de que la extracción de nódulos generaría ganancias sociales y económicas para las economías de las islas del Pacífico se basan en conjeturas», dijo el informe de 52 páginas publicado recientemente por una coalición de 80 ONG. «Los impactos de la minería en las comunidades y la salud de las personas son inciertos y requieren rigurosos estudios independientes».

«La predicción de los impactos de la minería de nódulos polimetálicos de aguas profundas en el Océano Pacífico», basada en 250 artículos científicos y otros artículos relacionados revisados por pares, advierte sobre el impacto severo y duradero en las especies de peces. También, afirma que la actividad podría presentar riesgos significativos para las funciones ecológicas marinas debido a la naturaleza interconectada del océano, y que soportan la biodiversidad global del planeta.

Hace dos años, el Parlamento Europeo pidió la prohibición de la extracción de fondos marinos hasta que se conozcan los reales impactos ambientales y los riesgos de perturbar ecosistemas únicos de las profundidades del mar.

En la resolución, también instó a la Comisión Europea a persuadir a los Estados miembros para que dejen de patrocinar y subsidiar licencias para explorar y explotar el fondo marino en aguas internacionales, así como dentro de sus propios territorios.

Poco después, un equipo internacional de investigadores publicó un conjunto de criterios para ayudar a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por su sigla en inglés), un organismo de la ONU compuesto por 168 países, a proteger la biodiversidad de las actividades mineras en aguas profundas.

Hasta ahora, ISA ha otorgado 30 licencias de exploración: 25 en el Océano Pacífico y 18 en la Zona Clarion Clipperton, que se extiende desde Kiribati hasta México.

ASPECTOS LEGALES EN CHILE
Chile, en el Decreto Supremo N° 1393, promulgatorio de la Convención, definió una posición política sobre su implementación el 18 de noviembre de 1997. Esta declaración hace referencia a la Parte XI y su Acuerdo Complementario, en relación a la contaminación, el rol de la AIFM y la aprensión sobre el impacto socioeconómico potencial en ese entonces (artículo 151 de la CONVEMAR). Hoy esto es una realidad.

“Advertimos serias debilidades estructurales en la AIFM como ente regulador. Esto lo comprobamos con el Estudio de Impacto de la Extracción de Nódulos Polimetálicos en la Zona sobre los efectos en los países en desarrollo productores terrestres, entre los que se encuentra Chile como productor de cobre. Tal estudio elaborado por iniciativa del Consejo de la AIFM por la “Institución de Investigación Científica de Recursos Minerales de toda Rusia”, que advierte y demuestra las graves repercusiones económicas y sociales para el país por la explotación de nódulos de menor ley de concentración de finos que sulfuros y costras de mejor ley de fino, donde el impacto sería mayor y catastrófico para el nosotros”, señalan los firmantes de la carta enviada a Cancillería.

Asimismo, argumentan que “Dada la precariedad del borrador del Reglamento para la Explotación de Recursos Minerales en la Zona (Código de Minería Submarina) a la fecha, y el reconocido deterioro del medio ambiente actual, estimamos oportuno solicitar por su intermedio la aprobación de una moratoria temporal en esta materia, la cual ya ha sido propuesta por el Parlamento Europeo y numerosas otras organizaciones científicas”.

Chile, como país minero y oceánico, goza de suficiente autoridad y respeto en los medios mineros mundiales para impulsar una moratoria sobre el particular y generar alianzas con países con las mismas visiones (“like minded”), entre ellos Sudáfrica, Congo, Indonesia, Myanmar, Camerún, Brasil, México, Perú, Papúa Nueva Guinea, Marruecos, Zambia, Ghana, y Guatemala, y otros.

La carta al Ministro Allamand la firman Gustavo Lagos Cruz-Coke, profesor titular Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Sandor Mulsow, PhD. Boston University Marine Program-USA, profesor titular de la Universidad Austral de Chile, ex director OEMMR-AIFM-Kingston, Jamaica y Former Scientist – IAEA-MEL-Mónaco; Eduardo Bonilla ex embajador de Chile en Jamaica (2012-2019) y ex representante Permanente de Chile ante AIFM; Guillermo Ugarte, PhD Imperial College, Londres, ingeniero civil de Minas Universidad de Chile, profesor FCFM Universidad de Chile y miembro de la Delegación de Chile a la III Conferencia de la ONU que redactó la CONVEMAR; Sergio Hernández, abogado y delegado de Chile ante AIFM (2016-2019); y Gastón Fernández, abogado y miembro de la Comisión Jurídico y Técnica de AIFM.