Los descargos de Marcel ante traspasos de recursos de Corfo a gastos del Estado

• En una reunión con la prensa ayer en la mañana, el Ministro de Hacienda Mario Marcel entregó una declaración pública en la que explica diversos aspectos del traspaso de recursos desde Corfo al financiamiento fiscal, hecho que ha sido cuestionado por diversos sectores.

El medio digital The Clinic publicó recientemente un reportaje sobre el traspaso en 2023 de excedentes de CORFO provenientes de los contratos para la explotación de litio para el financiamiento fiscal. “Pese a que dicho reportaje reconoce en diversos pasajes que no habría ninguna acción ilegal en esta operacióń, el tono de denuncia de este y las reacciones destempladas que ha generado en diversos personeros políticos, hace necesario proveer antecedentes que permitan un debate informado, con conocimiento de las normas legales sobre administración presupuestaria y financiera del sector público, que sustentaron las referidas operaciones, señala la declaración del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“En este contexto, el Ministerio de Hacienda valora la decisión de la Contraloría General de la República de realizar una “investigación especial en lo relativo a la eventual afectación patrimonial de CORFO y al destino de los recursos involucrados, entre otros aspectos”. Esto permitirá́ que una institución independiente y respetada provea una opinión técnica, alejada de la coyuntura política, cada vez más tensionada por la proximidad de procesos electorales”, aclara la nota.

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Hacienda envió ayer a la Contraloría el conjunto de antecedentes relacionados con estas operaciones, los fundamentos que la sustentaron y el modo en que se implementó́. “Con ello, no será́ necesario utilizar el plazo de 10 días que habitualmente da el organismo contralor para la entrega de antecedentes solicitados para sus investigaciones”.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante puntualizar los elementos que configuran el marco en que se efectuaron los referidos traspasos de fondos desde CORFO al Tesoro Público.

Uno de los principios fundamentales de un buen manejo presupuestario es el de gestionar los recursos fiscales de manera unificada, independientemente de la estructura institucional del Estado. Este principio se encuentra claramente recogido en la institucionalidad presupuestaria chilena, que lo consagra desde la propia Constitución —a través de la no afectación de tributos— a la Ley de Administración Financiera del Sector Público, particularmente en lo referido a las normas de unicidad del presupuesto (Art.4), la atribución de caja en la Dirección de Presupuestos (Art 22- 23), flexibilidad presupuestaria (Art. 26), traspaso de las rentas generales de servicios que se autofinancian (Art. 29 bis) y crédito público (Art.50).

BUENA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Este principio es, en buena medida, la base de la buena gestión presupuestaria y financiera en Chile a través de los años, pues permite usar recursos potencialmente ociosos en algunos sectores para financiar necesidades prioritarias de gasto en otros, minimizando las necesidades de endeudamiento. Este principio permite también mitigar las desigualdades que tienden a producirse entre servicios que tienen importantes fuentes de ingresos propios (como la CMF) y otros, que dependen exclusivamente del aporte fiscal (como el Ministerio de Educación). La ventaja de estos arreglos institucionales contrasta con la ineficiencia de presupuestos rígidos y compartimentados, que históricamente han dificultado la gestión fiscal en otros países, exacerbando la necesidad de endeudamiento.

De acuerdo con esta institucionalidad, los servicios públicos, aún aquellos de carácter descentralizados o autónomos, no son “propietarios” de los recursos que les asigna el presupuesto y su patrimonio no puede considerarse en conflicto con el patrimonio fiscal. Consecuentemente con lo anterior, los servicios públicos en general no cuentan con autorización para invertir fondos en el mercado de capitales, permitiéndose excepciones sólo para algunos servicios con ingresos propios importantes en función del tamaño de su presupuesto, autorizaciones que se renuevan anualmente.

Las normas generales sobre flexibilidad presupuestaria disponen que, cambios entre presupuestos se pueden hacer mediante decretos de modificación. Las normas sobre la caja disponen que es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, quien elabora el programa de caja a nivel de todo el Gobierno Central y de los excedentes de los servicios públicos -incluso de quienes se autofinancian-, que pueden ser integrados al Tesoro Público mediante decreto de Hacienda. Por último, y muy importante, se respeta el principio de unidad del presupuesto público, consagrado en el artículo 4 del Decreto Ley Nº 1.263 orgánico de la administración financiera del Estado, el cual establece que, tanto la totalidad de los ingresos del Estado deben estar reflejados en el presupuesto, fijados en la Ley de Presupuestos, la ejecución de sus ingresos y gastos se recoge regularmente en los reportes presupuestarios y su patrimonio se consolida con el de otras entidades descentralizadas y del Fisco al momento de elaborarse los balances financieros. Al estar regida por la LAFSP, la CORFO está sujeta a las referidas normas generales sobre flexibilidad presupuestaria y disponibilidad de caja.

INGRESOS POR EL LITIO

En 2022 y 2023 la CORFO incrementó de manera muy significativa sus rentas de la propiedad por los contratos para la explotación de Litio en el Salar de Atacama, con las empresas SQM y Albemarle. Con el objeto de canalizar estos recursos al desarrollo productivo, el Gobierno del Presidente Boric creó , en la Ley de Presupuestos de 2023, el Programa de Desarrollo Productivo sostenible, que ha dispuesto más de 300 millones de dólares en las distintas leyes de presupuesto para financiar iniciativas de desarrollo I+D en empresas, aportar a los estudios necesarios para la construcción de la estrategia nacional del litio, entre otros. No obstante, los ingresos recaudados por la CORFO en 2022 y 2023 excedieron largamente estas asignaciones, acumulándose excedentes en la propia Corporación, que los invirtió́ en el mercado de capitales. En particular, en 2022 se recaudaron adicionalmente $ 2,5 billones como consecuencia del mayor precio del litio, mientras que en 2023 los ingresos adicionales alcanzaron a los $ 2,9 billones. Es decir, entre 2022 y 2023 se recaudaron $5,4 billones como consecuencia del mayor precio del litio.

Dada esta acumulación de excedentes, el Ministerio de Hacienda, en el ejercicio de sus facultades legales, requirió́ el integro de estos recursos al Tesoro Público mediante el Ítem 25.99 Otros íntegros al Fisco, del programa presupuestario de la CORFO. Lo anterior, dado que la partida presupuestaria Tesoro Público es la que agrega la mayor parte de los ingresos presupuestarios y que, a su vez, financia la mayor parte de los gastos del presupuesto.

CONTRIBUIR AL FINANCIAMIENTO FISCAL

“En virtud de lo anterior, se solicitó́ a Corfo integrar $3,4 billones de ese total al Tesoro Público, es decir $2 billones menos de lo que ingresó por el mineral. En otras palabras, a Corfo se le solicitó reintegrar menos dinero del “extra” que recaudó por los mayores ingresos del litio, todo ello con el propósito de contribuir al financiamiento Fiscal, dentro 3 DL que fija normas por que se regirá la Corporación de Fomento de la producción. del marco de la Ley de Presupuestos de ese año. De esta forma, los mayores ingresos provenientes del litio permitieron compensar menores ingresos en otros ítems, los fondos satisficieron las necesidades de financiamiento fiscal y se cerró́ el año con un cumplimiento de 100% del gasto presupuestado, pleno cumplimiento de la meta de balance estructural así́ como de las previsiones para el balance total.

“Este traspaso de excedentes de CORFO cumplió́ con todos los requerimientos institucionales, tanto de la CORFO como de la administración presupuestaria. El tema fue tratado y aprobado por el Consejo de la Corporación, donde se encuentran representados los ministerios de Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Ciencias. Planteada en la discusión del Consejo la eventual pérdida en que podría incurrir la institución por el hecho de tener que deshacer depósitos vigentes, el traspaso se materializó de acuerdo con el calendario propuesto por CORFO, entre los meses de diciembre y febrero, lo que permitió́ actuar sólo tras el vencimiento de los depósitos correspondientes. Como ha señalado recientemente por el vicepresidente ejecutivo de CORFO, esto permitió́ evitar cualquier pérdida para la Corporación, cuyo patrimonio financiero, en contraste, se ha multiplicado por diez durante la actual Administracióń.

“En cuanto al destino de los recursos, al traspasarse al Tesoro Público estos permitieron financiar las prioridades de gasto de ese año, incluyendo las de seguridad pública, salud, vivienda y educación, entre otras, todo ello dentro del marco de gastos aprobado para el año.

“Junto con permitir el pleno cumplimiento de las metas fiscales de 2023, estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el Sector Público como un todo, evitando elevar el endeudamiento, el pago de intereses y deteriorar el patrimonio fiscal. En efecto, si en lugar de traspasar dichos recursos desde CORFO, el Gobierno hubiera emitido deuda por el mismo monto, la deuda pública se habría incrementado en alrededor de 3.400 millones de dólares, elevando la relación deuda/PIB en algo más de un punto porcentual. Esto, a su vez, hubiera dado lugar a un flujo de pago adicional de intereses del orden de 215 millones de dólares anuales (suponiendo una deuda en bonos a 10 años), y el Estado como un todo habría experimentado una pérdida patrimonial de 415 millones de dólares, correspondiente al diferencial entre la tasa obtenida por CORFO por sus depósitos y la tasa que habría tenido que pagar el Estado por su deuda.”, hasta aquí la declaración del ministro Mario Marcel.