Mina Invierno y el riesgo de la institucionalidad

Por

Diego Hernández,

Presidente de SONAMI

Revuelo causó la decisión de un tribunal de otorgar la libertad incondicional de personas que portaban armas en un auto con vidrios polarizados. El argumento fue que los organismos policiales no se “ajustaron estrictamente a ciertas formalidades”, lo que resulta contrario al sentido común y al estado de derecho.

Esta y otras actuaciones han hecho recordar la frase de un ex Presidente, cuando dijo “dejemos que las instituciones funcionen”. Expresión que cobra particular relevancia hoy, cuando vemos instituciones que no están funcionando con apego al marco jurídico, dañando la confianza en la institucionalidad ambiental e impactando negativamente el desarrollo de proyectos que benefician al país.

Un caso que preocupa es la compleja situación de Mina Invierno a causa de la incomprensible resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia, que, apartado del marco jurídico, hace peligrar más de 1.000 empleos en la Región de Magallanes. Ello, porque pese a contar con la aprobación de todos los organismos técnicos, el tribunal mencionado accedió a mantener la cautelar que impide las tronaduras bajo 100 metros por sobre el nivel del mar, lo que en la práctica implica el fin de la explotación del yacimiento.

No permitir este tipo de operaciones en una explotación a rajo abierto, como lo autoriza la legislación chilena, debilita la seguridad jurídica -necesaria para atraer inversión- y cierra la posibilidad de desarrollo minero desde Ñuble hasta Magallanes.

Más aún, en la última resolución del tribunal en cuestión se desecharon antecedentes técnicos que descartaban impactos significativos de las tronaduras, pero que a la vez reafirmaban el aporte de este método a la investigación científica de material fósil que, de otra forma, no sería posible. Detalles contenidos en la argumentación del voto disidente.

Asimismo, ante el proyecto de reforma del SEIA, hemos planteado que este esfuerzo será estéril si persiste la lógica del Tribunal Ambiental de Valdivia. Es claro que estamos frente a actuaciones que parecieran responder a convicciones personales en lugar de cumplir con el deber de aplicar la ley.

Hoy, la comunidad minera nacional se siente tan desamparada como la ciudadanía frente al descriterio con que se actuó frente a los delincuentes que portaban armas. Estamos desconcertados, frustrados y con un mayor grado de inseguridad jurídica, por lo que seguiremos trabajando y haciendo presente la urgencia de corregir el rumbo. (Más información en http://www.sonami.cl/digital/boletin/1330_2019_06/)