La permisología traba la inversión y el desarrollo minero

• Por Alvaro Merino Lacoste, director ejecutivo de Núcleo Minero.

Se debe tener presente que la inversión minera requiere dos conceptos básicos, certeza jurídica y estabilidad en las normas que regulan esta actividad, debido a que se desarrolla en el largo plazo e involucra cuantiosos montos de inversión.

Considero que la atracción de inversiones para la principal actividad económica del país, como es precisamente la minería, es una materia de la más alta importancia.

A este respecto, es crucial avanzar con rapidez y eficiencia en la normativa que tiene como propósito acelerar el otorgamiento de permisos y dar mayor certeza jurídica a este proceso.

Debemos recordar que, según estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, los permisos para un proyecto minero tardan del orden de 9 años, mientras que para una planta desaladora alcanzan a 11 años, en circunstancias que la minería es precisamente el sector que más invierte en plantas desaladoras. Ello naturalmente se traduce en mayores costos, no solo para las empresas mineras sino también para el país, pues pierde competitividad. Por tanto, es crucial disminuir los tiempos de tramitación de permisos y este proceso debe tener mayores grados de certeza. Otros países mineros como Canadá y Australia han disminuido el tiempo de tramitación de permisos y son sustancialmente menores a los del país, Chile debe transitar por esa senda.

Lamentablemente, en los últimos días nos hemos enterado de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Atacama rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, para el proyecto de ajustes y continuidad operacional en la Mina Los Colorados, que considera una inversión estimada de US$344 millones. La autoridad ambiental declaró el término anticipado del proyecto de Compañía Minera del Pacífico (CMP) para la continuidad operacional de la Mina Los Colorados, argumentando que su estudio carecía de información esencial. Igual argumento y decisión adoptó el SEA de Antofagasta, en septiembre pasado, respecto del proyecto “Central de Bombeo Paposo”, de la empresa Colbún, que contempla una inversión de US$ 1.400 millones en innovadoras tecnologías, de las más avanzadas de Latinoamérica. Considero oportuno recordar que el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de la suspensión del proyecto de Colbún señaló: ”A veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano”.

Estas decisiones, naturalmente, generan un alto impacto no solo para las empresas sino también para el país y desincentivan a los inversionistas, en circunstancias que la inversión que realicemos hoy es la base del crecimiento futuro de la economía.

Además, se debería crear mecanismos de estabilidad jurídica, similares a los que establecía la ley de fomento a la inversión extranjera, el llamado estatuto de inversión extranjera que lamentablemente fue derogado el año 2015; en términos de considerar invariabilidad tributaria a la renta. Perú, segundo productor mundial de cobre, mantiene mecanismos de estabilidad jurídica y otorga, entre otros aspectos, invariabilidad tributaria por 10 años.

En síntesis, debemos acelerar el otorgamiento de permisos y dar mayor grado de certeza a este proceso y crear mecanismos de estabilidad jurídica, si hacemos bien esta tarea, daremos un impulso robusto a la inversión y a la producción, de modo tal que la minería volverá a ser un motor de crecimiento y desarrollo como lo fue en el pasado.

La historia reciente de las últimas tres décadas es clara y precisa, en el sentido que nos muestra que el marco institucional y jurídico de la minería generó confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer la inversión, especialmente en este sector, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo.

Debemos tener presente que, en este periodo, la minería jugó un rol clave, atrayendo inversiones, impulsando el crecimiento, abriendo un amplio mercado externo y aportando relevantes recursos financieros para que el Estado pueda desarrollar su labor.

Por ello, debemos atraer nuevamente a la inversión para volver a tener una minería pujante y vigorosa; y un país que crezca a niveles cercanos a aquellos que nos permitieron transitar en la senda hacia el desarrollo.