- Por Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería.
Recientemente nos correspondió exponer ante la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, respecto al proyecto de ley que pretende modificar la institucionalidad ambiental de Chile.
Ante la instancia manifestamos que la iniciativa legal no contempla propuestas para entregar mayor certeza durante la evaluación ambiental. Asimismo, afirmamos que el proyecto tampoco reduce significativamente los plazos de tramitación de proyectos. Ambos, problemas que obstaculizan fuertemente el desarrollo de proyectos en la actualidad.
El proyecto de ley, en su estado actual, introduce modificaciones estructurales como la eliminación del Comité de Ministros y la transferencia de funciones a las Direcciones Regionales y Ejecutivas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Sin embargo, estas modificaciones no abordan el problema de fondo: la politización en la toma de decisiones durante la evaluación ambiental. Así, las reclamaciones administrativas seguirían siendo resueltas por los mismos órganos que toman las decisiones iniciales, manteniendo un componente político que compromete la objetividad del sistema.
Asimismo, desde SONAMI hicimos presente la necesidad de ponderar la relación de este proyecto con el boletín 16.566-03, aprobado en general por la Comisión de Economía, para aprovechar las sinergias posibles entre ambas iniciativas legislativas. La integración de estos proyectos podría resultar en un sistema más coherente y eficiente en el marco institucional ambiental.
Otro aspecto abordado ante los parlamentarios fue la evaluación de impactos sinérgicos y acumulativos. Sobre el punto, SONAMI propuso eliminar esta exigencia por su impracticabilidad, o bien, establecer un plazo específico para que la autoridad realice esta evaluación al inicio de un proyecto.
También nos referimos a la “carga dinámica de la prueba”, que sugerimos eliminar para evitar el desbalance entre las partes, en una demanda de responsabilidad por daño ambiental. Consideramos que esta disposición podría distorsionar el ordenamiento jurídico y aumentar el riesgo de denuncias infundadas.
Ante los congresistas también hicimos presente que el informe financiero del proyecto no está alineado con las nuevas atribuciones propuestas para el SEA. Sobre esto, indicamos que para que estas medidas no representen un retroceso en términos de certeza y plazos, es fundamental que se asignen recursos adecuados a los desafíos de la nueva institucionalidad.
Desde nuestro gremio consideramos que la discusión sobre la institucionalidad ambiental en Chile debe centrarse en cómo mejorar nuestro sistema para que sea más eficiente, objetivo y capaz de fomentar el desarrollo económico sin comprometer la protección del medio ambiente. En esta línea, hemos enfatizado que cualquier reforma debe minimizar la discrecionalidad política que pueda afectar la eficiencia del sistema. Sin embargo, observamos que las reformas propuestas, en su estado actual, podrían introducir mayores rigideces y complejidades que obstaculizarían el desarrollo de la industria. Así, las reformas al SEIA y la SMA están lejos de contribuir a cumplir el objetivo gubernamental de agilizar la tramitación de permisos.
Reactivar la economía y viabilizar la cartera de proyectos mineros es un desafío urgente, que demanda voluntad política y diálogo, para lo cual nuestro gremio está dispuesto. Por ello, seguiremos aportando con el objetivo de mejorar las propuestas en curso, en beneficio del futuro de la minería y del país. El crecimiento debe ser el norte. (Fuente: Editorial. Boletín Minero. SONAMI. Editado para www.guiaminera.cl)
