- Por José Luis López Blanco. Abogado/Presidente ASL CORP.
Pareciera que no existe relación entre los conceptos, por un lado, de emprendimientos para desarrollar negocios y, por otro, derechos ciudadanos.
En un análisis más bien simple, tratando de crear una especie de competencia o contradicción entre ellos, se ha relacionado al primero con criterios capitalistas, orientados al lucro y egoísmo, en tanto que al segundo se le vincula con la protección que el Estado debe a las clases más indefensas y postergadas.
Sin embargo, no sólo existen relaciones cercanas, sino que, además, muy positivas y fructíferas.
El concepto de negocio se refiere a cualquier actividad lícita que pueden desarrollar las personas, para producir bienes y servicios, y comercializarlos, u otras, como construir viviendas, todas ellas, en procura de un beneficio económico propio. Quien desarrolla un emprendimiento y crea un negocio, ha tenido que estudiar las necesidades de las personas y, naturalmente, aspira a una utilidad.
Por otro lado, los derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución Política, protegen bienes esenciales para el ser humano, como, la vida, salud, educación, formación de un hogar y casa propia, así como la garantía de desarrollar, libremente, emprendimientos empresariales.
El artículo 4° de la Constitución Política de Chile establece, una obligación fundamental para el Estado, cual es, “crear las condiciones sociales”, a través de todos sus órganos – según remarca en su artículo 6° – para la mayor “realización espiritual y material posible, de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional”.
El mismo artículo ratifica, a continuación, el derecho de todas las personas a participar, con igualdad de oportunidades, en la vida nacional, para lo cual el Estado tiene una obligación complementaria, cual es “resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia”, concepto que, igualmente, se refuerza en su artículo 6°.
Así pues, la vida nacional, se construye con la participación de todas las personas, que han nacido libres e iguales, cuyo núcleo esencial es la familia. Esta obligación fundamental del Estado garantiza que todas las personas puedan escoger, libremente, su forma de participación en la vida nacional y, entre otras, el derecho a realizar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional.
En un país en que, garantizada la libertad de todos los ciudadanos, y existan muchos emprendimientos y negocios, la consecuencia natural y obvia, es que los emprendedores obtendrán utilidades, y, por lo tanto, podrán destinarlas, en primer lugar, a procurarse un mayor bienestar.
Ellos podrán acceder directamente, con sus propios recursos, a garantías relativas a salud, vivienda, educación y tantos otros. Además, los empresarios exitosos pagarán impuestos y, mientras más altas sean sus utilidades, pagarán más impuestos.
Con esos impuestos, el Estado podrá conceder beneficios – que de otra manera no tendrían – a las personas pobres, menos calificadas, y más desamparadas.
Estos criterios, fueron expresados, ya en el año 1958, por el economista Jorge Ahumada, quien fuera asesor de don Eduardo Frei Montalva, en su libro “En Vez de la Miseria”. En esa publicación, se recalcaba que el objeto principal de la economía es el crecimiento, antes que distribuir la pobreza.
En lo relativo a la forma de medir del bienestar que las personas obtienen en cada país, existe un indicador de Naciones Unidas, denominado Índice de Desarrollo Humano, que considera: Producto per cápita corregido, esperanza de vida al nacer y nivel de educación.
Existe una relación directa y vinculante entre estos indicadores. Mientras más alto es el nivel de educación en un país, también lo es el nivel de producción de bienes y servicios y la esperanza de vida de sus ciudadanos.
La última medición de este índice, correspondiente al año 2024, ubica a Chile en el primer lugar de los países de América Latina, con 80 años de esperanza de vida, 11 años de escolaridad promedio y US$24.400 de producto per cápita corregido.
Destaca el informe de Naciones Unidas el desarrollo de Chile, desde la primera medición, el año 1990, con significativas mejoras en el nivel de educación, esperanza de vida promedio y un crecimiento de 162% en el producto per cápita, desde ese año, a la fecha. Con todo, a partir del año 2018, la curva de crecimiento que mostraba nuestro país, ha tendido a disminuir.
Cabe esperar que Chile recupere la senda de progreso observada durante tantos años anteriores.
