- Por Dominique Viera, Presidenta de APRIMIN y Sergio Hernández, director Ejecutivo de APRIMIN.
La violencia en Chile, en sus distintas formas, está cada vez afectando más los valores más preciados por la humanidad, como son la vida, la calidad de vivirla y la libertad de las personas en todas sus expresiones. En efecto, los robos, las encerronas, los secuestros con extorsión, los incendios provocados por pirómanos, los asesinatos con cruel ensañamiento de las víctimas, las amenazas a las familias por el crimen organizado, los préstamos ilegales exigiendo pagos bajo las peores amenazas, los comercios asaltados, los beneficios carcelarios y judiciales a delincuentes o procesados, otorgados probablemente por miedo a sufrir graves ataques personales o a las familias, se han hecho habituales en Chile desde hace un tiempo.
Estamos viviendo las consecuencias, como una de las más importantes causas, de propagar políticamente algunos principios fundados en erróneas razones sociológicas, que explican estos fenómenos delictivos en la falta de oportunidades de las capas sociales más vulnerables, ignorando que las personas de menores recursos se esfuerzan día a día por sostener a sus familias legítimamente y que son precisamente las más afectadas por estos graves delitos.
Una expresión de esta perversa doctrina es el desprestigio a las policías acusándolos por cualquier actuación de violar los derechos humanos de delincuentes -lo que si efectivamente llegara a ocurrir es lógicamente investigado-, negándoles los mejores medios necesarios para defenderse de los ataques en su contra y en contra de la población civil. Especialmente preocupante es que se pretenda aplicar a la fuerza pública las limitaciones de la legítima defensa, obligándolos a repeler los ataques con medios proporcionales a los de los delincuentes de todo tipo, ignorando que estos cuentan con la ventaja de ataques sorpresivos, con armas que no se conocen por la fuerza pública afectada, integrada por personas de carne y hueso que soportan el riesgo de sus vidas por el orden público y defender a la población. Las policías y, en casos en que les corresponde actuar, también los integrantes de las Fuerzas Armadas son verdaderos héroes en defensa de la gente, sus vidas y sus bienes.
No hay país que progrese sin que la seguridad impere en su territorio. No hay posibilidades de crear empleos ni de continuar disminuyendo la pobreza -como Chile lo hizo durante más de veinte años en el pasado reciente-, si estas doctrinas fundamentan en razones de carencias los más atroces crímenes contra la humanidad y continúan legitimando a los violentistas, logrando precisamente lo contrario de lo que desean, es decir, más carencias, más inseguridad, más pobreza, más miedo, más angustia.
Por otra parte, en un Estado de Derecho es precisamente el Estado el único que tiene el privilegio del uso legítimo de la fuerza; negarle ese exclusivo derecho, que a su vez es su obligación, es equipararlo al delincuente, fomentando sus perversiones y destruyendo la paz social.
