AII: “Royalty ad-Valorem afectaría la competitividad y requiere de una mirada más regionalista”

• La Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal (AII), participó en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado en la cual se discutió en torno a la propuesta de Royalty Minero presentada por el Ejecutivo y sus posibles impactos a la economía regional.

Representando a la Región de Tarapacá, la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal (AII) estuvo presente en la última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, la cual tuvo por propósito el análisis de la propuesta de Royalty Minero presentada por el Ministerio de Hacienda este año.

El gerente general de la AII, Marcos Gómez fue el representante de la organización en esta sesión que estuvo acompañada por otros actores de la industria nacional. En su exposición, Gómez planteó respecto de la actual propuesta de Royalty Minero que “la eventual afectación a alguno de nuestros ejes económicos en Tarapacá puede llegar a perturbar de forma letal el frágil equilibrio en la construcción del desarrollo armónico de la región. Sentimos que no ha sido ponderado en forma adecuada en la discusión el aporte al encadenamiento productivo y el efecto multiplicador, que redunda en el beneficio social neto, que las regiones tienen con la minería privada”, afirmó.

Cabe señalar que el último informe del Banco Central reportó que el segundo semestre del año la actividad de la Región de Tarapacá no registró variación. “Lo anterior fue el reflejo de los resultados negativos de la minería que compensaron los aportes positivos del resto de las actividades”, indicó la institución.

El representante gremial destacó que “más del 11% de la producción cuprífera nacional tiene lugar en la Región de Tarapacá, cifra que debería aumentar cuando se ponga en marcha QB2, un proyecto que tuvo más de US$ 5.000 millones de inversión”.

COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL

Gómez enfatizó en la proyección de la competitividad minera nacional señalando que el proyecto de royalty presentado pone en riesgo la viabilidad de la minería y escasea una mirada con foco regional que involucre además una inversión orientada a tecnologías.

“El Royalty ad-Valorem deja fuera de competencia a varios yacimientos con leyes menores o mayores costos”, explicó Gómez. Indicó que la carga tributaria total de la industria nacional podría llegar a 55% o 65% en algunas compañías, superando el total de países competidores como Canadá, Australia y Perú. “El riesgo es que Chile no sea competitivo”, puntualizó.

Además, analizó que la reciente propuesta de Hacienda de rebaja ad-Valorem durante cinco años. “Lo cierto es que la minería tiene un payback, es decir un retorno mucho más allá de los cinco años. Los proyectos requieren una a tres décadas para obtener retornos”, sostuvo Gómez, criticando que este planteamiento nos distrae de la discusión de fondo.

Para concluir, el gerente general de la AII expuso que, no se cierran “a una discusión por mayor recaudación, hay espacio y lo han dicho los expertos, pero afectaría mucho a regiones como Tarapacá si no se hace de forma adecuada, que es un ecosistema económico-social frágil y el Royalty, sin dudas, puede afectar a la cadena de proveedores locales”. En este sentido, el representante gremial señaló “que, si vamos a recaudar más, debemos tener claridad, por un lado, de no afectar proveedores o trabajadores locales y, por otro, que el beneficio quede también en las regiones, cuestión que no ocurre necesariamente con el actual royalty. Se corre el riesgo de que se vaya a gasto corriente, como ocurre actualmente”.

Cabe señalar que, la propuesta actualmente en discusión presentada por el Ejecutivo considera dos componentes: uno ad-Valorem que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 7% para aquellos con más de 200.000; y el otro sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 36% sobre la rentabilidad operacional, para precios entre dos y seis dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que varían según el precio del cobre.